Escándalo de corrupción en Santander: Artistas recibían migajas mientras facturas se inflaban millones
La Fiscalía General de la Nación formuló imputación contra el contratista Antonio Enrique Cabarcas Osorio por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal, en un caso que ha destapado un entramado de corrupción que habría generado un detrimento patrimonial de $968 millones en la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander durante el año 2022.
El modus operandi del fraude cultural
Según las investigaciones de la Fiscalía Seccional Santander, el esquema de presunta corrupción operaba bajo la fachada del proyecto 'Cultura Ciudadana Siempre por Santander', que supuestamente promovería actividades artísticas en Bucaramanga y su área metropolitana mediante contratación directa por $3.138 millones durante la administración del exgobernador Mauricio Aguilar.
El fraude consistía en un sistema de sobrefacturación sistemática donde se evidenció una disparidad escandalosa: mientras a los artistas circenses, bailarines y músicos se les pagaban entre $100.000 y $400.000 por evento, eran obligados a firmar cuentas de cobro en blanco que posteriormente se inflaban hasta $4 millones por persona para legalizar la documentación ante la Gobernación de Santander.
Documentación falsa y actividades inexistentes
La investigación reveló que se presentaron certificados de actividades que nunca se realizaron, acompañados de recibos falsos con montos desproporcionados que no correspondían a la realidad de los pagos efectuados a los artistas participantes.
"Análisis contables realizados por la Fiscalía evidenciaron cómo los valores facturados, en comparación con los precios del mercado, habrían generado un detrimento patrimonial para el ente territorial, equivalente a 968 millones de pesos", advirtió la Fiscalía en su comunicado oficial sobre el caso.
La lista de procesados se amplía
Con esta nueva judicialización, ya son siete las personas vinculadas formalmente al escándalo de corrupción en la Secretaría de Cultura de Santander:
- Mery Luz Hernández López, exsecretaria de Cultura y Turismo de Santander
- Yexica Natalia Ardila Ruiz, supervisora y directora técnica
- Carmen Alicia Serpa de Laguado, supervisora
- Óscar José Serrano Avellaneda, representante legal de la fundación contratista
- Diana Soveida Joya Cáceres, coordinadora de eventos
- William Marcelo Carreño Díaz, coordinador de eventos
- Antonio Enrique Cabarcas Osorio, contratista principal
Durante la audiencia de imputación de cargos, Antonio Enrique Cabarcas Osorio no aceptó los cargos formulados en su contra, manteniendo su posición de inocencia frente a las acusaciones de la Fiscalía.
Proceso paralelo en la Procuraduría
En noviembre del año pasado, la Procuraduría General de la Nación ya había profirió un pliego de cargos contra la exsecretaria de Cultura y Turismo, Mery Luz Hernández, por presuntas irregularidades en el convenio número 2516 de 2021, suscrito con la firma Funsocial.
Este convenio tenía como objetivo otorgar incentivos económicos a artistas y gestores culturales afectados por la crisis económica, pero según las investigaciones, el proceso estuvo plagado de sombras y anomalías que fueron documentadas y presentadas ante la Asamblea de Santander por el entonces diputado Ferley Sierra.
La medida disciplinaria también involucró a la exdirectora técnica, Yexica Natalia Ardila Ruiz, y a la entonces profesional universitaria, Carmen Alicia Serpa de Laguado, en su condición de supervisoras del convenio cuestionado.
Recursos públicos desviados sistemáticamente
La Fiscalía aseguró que continúa avanzando en las investigaciones para establecer la responsabilidad de todos los involucrados y evidenciar cómo los recursos públicos destinados a la promoción cultural habrían sido desviados mediante un elaborado sistema de documentación falsa y sobrefacturación.
Este escándalo no solo afectó al erario departamental de Santander, sino también a los artistas que participaron en los eventos sin conocer el entramado fraudulento que operaba detrás de las actividades culturales que supuestamente buscaban promover el desarrollo artístico en la región.
La Procuraduría calificó las presuntas faltas de las exfuncionarias como gravísimas cometidas a título de culpa gravísima, remitiendo copia del expediente a la Fiscalía Quinta de la Administración Pública para que continúe con la investigación de los mismos hechos que han conmocionado al sector cultural santandereano.
