Corte Suprema mantiene en prisión a expresidentes del Congreso
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha rechazado la solicitud de libertad de los expresidentes del Senado, Iván Name del Alianza Verde, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle del Partido Liberal. Ambos permanecerán detenidos mientras avanza el juicio por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Nuevas pruebas y testimonios clave
El tribunal ha ordenado practicar nuevas diligencias probatorias que incluyen los testimonios de dos figuras centrales: Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, y el prófugo Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia. Según la decisión judicial, estos testigos podrían aportar información crucial sobre la supuesta entrega de 3.000 millones de pesos a Name y 1.000 millones a Calle, destinados a favorecer iniciativas legislativas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Declaraciones pendientes de altos funcionarios
La lista de personas llamadas a declarar es extensa e incluye:
- Olmedo López, exdirector de la Ungrd, quien deberá detallar la compra de carrotanques para La Guajira en 2023, incluyendo autorizaciones, sobrecostos y posibles contratos para cubrir pagos a los congresistas.
- Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, cuyo testimonio sobre presuntas operaciones con criptomonedas para mover fondos hacia Calle aún no ha sido completamente escuchado.
- Juan David García, asistente de Andrés Calle.
- Funcionarios involucrados en el contrato de los carrotanques.
- Los ministros Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud) y Gloria Inés Ramírez (Trabajo de la época), quienes deberán informar sobre el trámite de las reformas a la salud y pensional en el Congreso.
Detalles sobre la supuesta estructura delictiva
El documento judicial señala que Carlos Ramón González, considerado el "alfil de Petro", deberá ampliar su testimonio como presunto líder de un entramado denominado "cónclave" por López Martínez. Esta organización, compuesta por altos funcionarios, habría coordinado una operación delictiva para influir en el legislativo en favor del Gobierno Nacional y sus iniciativas.
La Corte Suprema enfatiza que, dado el estatus de acusado de González Merchán, su testimonio solo será recibido si renuncia expresamente a su derecho a guardar silencio y siempre en presencia de su abogado defensor. Este caso continúa revelando las complejas redes de presunta corrupción que involucran a figuras políticas de alto nivel y la administración de recursos públicos en Colombia.
