Defensa de exconsejera presidencial busca cerrar caso de corrupción en la UNGRD
En un giro inesperado durante las audiencias preparatorias de juicio, la defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, presentó este miércoles 11 de febrero una solicitud formal de preclusión del proceso que la vincula con los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD).
Argumentos de la defensa: falta de base jurídica
El abogado defensor Mauricio Camacho Fernández, representante legal de la exfuncionaria, sostuvo durante su intervención que tanto en la audiencia de imputación de cargos como en el escrito de acusación se han presentado modificaciones sustanciales a los hechos que fundamentan el delito de tráfico de influencias.
"Al realizar un análisis exhaustivo del caso, podemos concluir que los hechos mencionados por la Fiscalía simplemente no ocurrieron de la manera en que han sido presentados", afirmó Camacho Fernández durante la audiencia.
El letrado argumentó que esta discrepancia en los hechos fundamentales del caso genera una falta de base probatoria sólida que justificaría la preclusión del cargo específico de tráfico de influencias contra su representada.
Oposición firme de las entidades de control
La solicitud de la defensa encontró una rechazo contundente por parte de múltiples actores en el proceso:
- La Fiscalía General de la Nación
- La Procuraduría General de la Nación
- Los representantes de víctimas acreditadas en el caso
Todas estas entidades manifestaron su oposición tajante a la preclusión solicitada, argumentando que no se cumplen los requisitos mínimos establecidos en la ley para avalar este tipo de solicitudes procesales.
Contexto del caso y próximos pasos
Sandra Ortiz Nova enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en los escándalos de corrupción que han sacudido a la UNGRD, entidad encargada de la gestión de riesgos de desastres en todo el territorio nacional.
El proceso judicial continuará su curso con la decisión de fondo programada para el próximo 4 de marzo, cuando la jueza octava especializada de Bogotá evaluará los argumentos presentados por ambas partes y determinará el futuro del caso.
Este desarrollo marca otro capítulo en la compleja investigación sobre la corrupción en la UNGRD, caso que ha generado amplia atención pública y que continúa revelando nuevas dimensiones en el sistema de justicia colombiano.
