La crisis de la senadora Berenice Bedoya: denuncia por 'tajada' y vínculos con el saqueo de la UNGRD
La situación de la senadora Sor Berenice Bedoya, del partido ASI, se ha complicado significativamente con una nueva denuncia formal interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia. Esta acusación, presentada por un antiguo miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), alega el cobro ilegal de una parte de su salario, conocida coloquialmente como 'tajada', para beneficiar a familiares de la congresista.
La denuncia por el presunto cobro ilegal en la UTL
El extrabajador de la UTL de Bedoya presentó pruebas documentales, incluyendo conversaciones de chat, donde supuestamente se le exigía realizar pagos a cuentas de terceros. Entre los beneficiarios mencionados se encuentra la hija de la senadora, Valeria Bedoya. El denunciante, identificado como el periodista Sergio Mesa, reveló públicamente a través de la red social X que, entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, debía entregar parte de sus honorarios a un yerno y posteriormente a la hija de su asesorada.
"Es la primera vez que hablo de esta situación. Están en todo el derecho de juzgarme. Yo sé que desde el principio —marzo de 2024— debí negarme a ese «compromiso», cual es un acto de corrupción", declaró Mesa, quien añadió que su negativa a continuar con estos pagos en 2025 generó animadversión y finalmente llevó a su salida del cargo.
Las acusaciones sobre negociación de votos y contratos
El exfuncionario también expuso presuntas negociaciones de la senadora Bedoya con el Gobierno nacional. Según su testimonio, después de elaborar una Ponencia Alternativa para la reforma a la salud en julio de 2035, la congresista habría negociado tres beneficios específicos:
- Un contrato para su hija en el Ministerio del Interior.
- Un contrato para su hijo, Julián David Bedoya Pérez, en el mismo ministerio por un valor de 48 millones de pesos.
- Un cargo para su yerno, Johan Londoño, en el Fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda.
Estas acusaciones se suman a las ya conocidas menciones de la Fiscalía General de la Nación en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los vínculos con el escándalo de corrupción en la UNGRD
La Fiscalía había señalado previamente a Berenice Bedoya en las imputaciones contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velazco. Según la investigación, en el segundo semestre de 2023, la senadora, junto con Martha Peralta del Pacto Histórico, habría impulsado las reformas Pensional y de la Salud presentadas por el Gobierno.
El entonces director de la UNGRD, Olmedo López, habría actuado como emisario para "aceitar" al Congreso y asegurar la aprobación de estas reformas. La investigación indica que Peralta presentó a López solicitudes contractuales enviadas por Bedoya, inicialmente para proyectos en Puerto Concordia (Meta) y Aguazul (Casanare).
"Meses después, y para consolidar el acuerdo, Peralta solicitó el direccionamiento de contratos de maquinaria amarilla y mantenimiento de jagüeyes a Isaac Riscala", declaró una investigadora de la Fiscalía. Estos contratos, valorados en 12.395 millones de pesos, estaban destinados a ejecutarse en La Guajira y los municipios mencionados.
El panorama judicial y político de la senadora
Con la denuncia formal ahora en la Corte Suprema de Justicia, que ya venía examinando las menciones de la Fiscalía en el caso UNGRD, la situación legal de Berenice Bedoya se torna cada vez más compleja. La congresista, quien siempre se mantuvo entre los indecisos en las votaciones de las reformas gubernamentales, terminó votando en contra de las iniciativas que ya estaban prácticamente hundidas.
El caso expone no solo presuntos actos de corrupción dentro de las Unidades de Trabajo Legislativo, sino también los mecanismos de influencia y negociación política que, según las acusaciones, habrían utilizado figuras como Olmedo López para asegurar apoyos legislativos a cambio de contratos públicos.
La investigación continúa su curso mientras la opinión pública espera las determinaciones de la Corte Suprema de Justicia sobre estas graves acusaciones que involucran a una senadora en ejercicio y tocan fibras sensibles del sistema político colombiano.
