Exdirector de cumplimiento de Ecopetrol revela contratación para investigar filtraciones a medio periodístico
En medio de la tensa reunión de la junta directiva de Ecopetrol para definir la permanencia de Ricardo Roa como presidente de la petrolera estatal, tras su imputación por tráfico de influencias, surgieron nuevas revelaciones sobre prácticas internas cuestionables.
La confesión en radio nacional
Alberto Vergara Monterrosa, otrora poderoso oficial de cumplimiento de Ecopetrol quien fue retirado de la compañía después de que EL TIEMPO revelara el incremento del contrato con la firma Covington & Burling, entregó detalles escalofriantes durante una entrevista en Caracol Radio.
Consultado por el periodista Daniel Coronell sobre si se había utilizado dinero de Ecopetrol para investigar a un periodista de Caracol, Vergara respondió negativamente, pero confirmó algo igualmente grave: "Sí se pagó para investigar quién le pasaba información a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO".
La reunión clandestina en Usaquén
Según el testimonio de Vergara, la vicepresidenta de Talento Organizacional, Victoria Sepúlveda, le confesó en un encuentro nocturno en la plaza de Usaquén, el miércoles 28 de mayo aproximadamente a las 9 de la noche, que junto con Ricardo Roa y el vicepresidente de Ciencia y Tecnología, Sergio Moreno, habían contratado a una firma contratista de Ecopetrol.
El objetivo era identificar quién había filtrado información que había sido extraída del correo electrónico de Vergara y que terminó en manos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.
"La doctora Sepúlveda me dijo que sabía que lo que estaba haciendo era irregular, pero que no podían entregar ese informe porque precisamente era ilícito", afirmó Vergara, quien agregó que inmediatamente le manifestó que debía presentar el caso en la línea ética de la empresa.
Contexto de las revelaciones periodísticas
Estas declaraciones se producen en el marco de las investigaciones periodísticas que han sacudido a la petrolera estatal:
- Revelación del apartamento 901: EL TIEMPO había publicado en primicia la compra del lujoso apartamento 901 en el norte de Bogotá por parte de Ricardo Roa, lo que desató una indagación interna en Ecopetrol, preguntas de autoridades estadounidenses y ahora una investigación penal en su contra.
- Contrato inflado: Este diario también reveló que el contrato con la firma Covington & Burling, para investigar las conductas de Roa, saltó de 875 mil dólares a 5,6 millones de dólares.
Suspensión irregular de investigación
El exoficial de cumplimiento también aseguró que fue un miembro de la junta directiva quien ordenó frenar el contrato con Covington & Burling. Según Vergara, Álvaro Torres Macías suspendió el 3 de febrero toda la investigación relacionada con la adquisición del apartamento de Roa, "lo cual a todos nos tomó por sorpresa porque ya se había adelantado una investigación y de manera súbita y extralimitada se suspendió esa investigación".
Vergara fue más allá al afirmar que esta decisión "privó a la empresa y al país de conocer qué señales y alertas estaban en los computadores no solo del doctor Ricardo Roa sino de 14 ejecutivos del grupo Ecopetrol".
Contrataciones cuestionadas
Durante su testimonio, Vergara también reveló que cuando estuvo en Ecopetrol se inició una investigación de oficio sobre 11 contrataciones que se habían ordenado en la compañía. Según su versión, una de esas contrataciones era la de un familiar de Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa.
"Tenía los apellidos Caicedo Cano y pudimos establecer que se trataba de un familiar de él. Eso se informó a la vicepresidencia de Talento Organizacional", aseguró Vergara, quien además afirmó que en Ecopetrol hay muchas investigaciones por presunta corrupción contra varios altos funcionarios de la compañía.
Respuesta corporativa anterior
Vale recordar que cuando EL TIEMPO reveló originalmente el contrato con Covington & Burling, desde Ecopetrol hicieron saber que se estaba publicando información reservada y que iban a proceder con acciones legales contra el medio.
Estas nuevas revelaciones del exdirector de cumplimiento plantean serias preguntas sobre las prácticas internas de la petrolera estatal colombiana y su manejo de información sensible, especialmente en un momento donde su máxima dirección enfrenta investigaciones penales y presiones políticas para su remoción.
