Condena histórica: Excandidato y policías a prisión por red criminal de 'Papá Pitufo'
La justicia colombiana ha asestado un golpe contundente a las estructuras que entremezclan la política con el crimen organizado en los puertos del Caribe. Por solicitud expresa de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bogotá ha impuesto medida de aseguramiento en centro carcelario contra el excandidato al Senado de la República, Freddy Camilo Gómez Castro, identificado como una pieza fundamental en el engranaje de corrupción que protegía las operaciones de contrabando de Diego Marín Buitrago, alias 'El Viejo' o 'Papá Pitufo'.
Cinco procesados enviados a prisión
Junto al político, también fueron enviados a prisión el capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros y los patrulleros retirados José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez. Este grupo conformaba una red especializada en facilitar el ingreso de mercancía ilegal por los principales puertos del Caribe colombiano.
El rol estratégico del excandidato: Lobby con dineros ilícitos
Según las investigaciones de la Dirección Especializada contra la Corrupción, Gómez Castro no era un actor secundario sino un elemento clave. Su función principal consistía en promover reuniones y realizar acercamientos estratégicos con funcionarios de alto nivel y uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). Su objetivo era claro: influir en las decisiones estatales para favorecer el ingreso de mercancía ilegal por los puertos de Cartagena y Barranquilla.
La gravedad del caso aumenta considerablemente al revelarse que el grupo delincuencial de 'Papá Pitufo' habría financiado directamente las aspiraciones políticas de Gómez Castro. La Fiscalía presentó pruebas contundentes de que el excandidato recibió préstamos y vehículos de la red criminal para realizar actividades de proselitismo y encuentros políticos, vinculando así las campañas electorales con el dinero proveniente del contrabando.
Las 'cachetadas' de 300 millones de pesos mensuales
La red operaba mediante un sofisticado sistema de pagos mensuales que los implicados denominaban internamente como 'cachetadas'. Estos sobornos, que alcanzaban la astronómica cifra de 300 millones de pesos al mes, eran distribuidos meticulosamente entre servidores de la POLFA y la DIAN para que "hicieran la vista gorda" ante contenedores cargados de textiles, cigarrillos y cacharrería que carecían de la documentación legal requerida.
El esquema criminal detallado en los puertos
La investigación fiscal detalló funciones específicas para cada uno de los procesados:
- Capitán (r) Salazar Piñeros: Desde su posición en la jefatura operativa en Cartagena, ordenaba directamente la salida de contenedores irregulares y coordinaba la devolución de mercancía incautada en carreteras del departamento del Atlántico.
- José Luis Olaya: Se especializaba en perfilar y reclutar a uniformados activos para sumarlos a la nómina de corrupción, expandiendo así la red ilícita.
- Édgar Bacca: Fungía como el enlace principal con las agencias aduaneras, asegurando que ciertos contenedores específicos evitaran registros o aprehensiones.
- Juan Manuel Jaramillo (alias 'Zorro'): Era el encargado de entregar el dinero en efectivo, llegando incluso a ingresar a instalaciones portuarias simulando ser un patrullero activo pese a su retiro oficial.
Cargos no aceptados pese a evidencias contundentes
A pesar de la contundencia de las evidencias presentadas por la Fiscalía, que incluyen entregas de dinero en bolsas de pandebonos detectadas por agentes encubiertos, los cinco procesados no aceptaron los cargos por concierto para delinquir agravado y cohecho. Para Gómez Castro específicamente, la fiscalía adicionó el delito de tráfico de influencias de particulares, ampliando así el espectro de responsabilidades.
Este caso marca un precedente significativo en 2026 sobre la vigilancia de las campañas políticas y la transparencia en los puertos del Caribe colombiano, dejando claro que la sombra de 'Papá Pitufo' y sus operaciones continúan bajo el radar constante de las autoridades nacionales. La investigación demuestra cómo el crimen organizado ha intentado infiltrar estructuras estatales mediante sobornos sistemáticos y financiamiento político ilícito.
