Fiscalía presenta graves acusaciones contra exdirector del AMVA por supuesta obstrucción a la justicia
En un desarrollo judicial de alto impacto, la Fiscalía General de la Nación ha presentado cargos concretos contra Juan David Palacio, quien se desempeñó como director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante la administración del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Las acusaciones incluyen su presunta participación en un grupo delincuencial organizado y, más grave aún, la obstrucción a la administración de justicia mediante la eliminación de evidencia crucial.
El borrado sistemático de información contractual
Según la investigación fiscal, a finales de diciembre de 2023, Palacio habría ordenado el formateo completo de varios computadores pertenecientes a funcionarios de alta dirección del AMVA. Estos equipos contenían información contractual y contable relacionada con seis contratos públicos que están bajo investigación por presuntas irregularidades.
El fiscal Rodolfo Sánchez, encargado del caso, declaró durante las audiencias preliminares que esta acción constituye una clara obstrucción a la justicia, ya que eliminó deliberadamente pruebas que podrían ser determinantes en el proceso penal. "El ciudadano Juan David Palacio ordenó el formateo o borrado de toda la información contenida en algunos computadores del Área Metropolitana", afirmó Sánchez ante el juez de Medellín.
La conexión con contratos a dedo y sobrecostos millonarios
La investigación revela que los contratos en cuestión, valorados en más de 17.000 millones de pesos, fueron otorgados mediante presunta contratación a dedo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, entidad que en ese momento estaba bajo la dirección de Misael Cadavid, quien actualmente se encuentra detenido por este mismo escándalo.
Los documentos fiscales detallan graves irregularidades:
- 2.481 millones de pesos no aparecen debidamente justificados
- 1.212 millones de pesos se habrían perdido en sobrecostos de servicios
- 1.268 millones de pesos corresponden a bienes que nunca fueron entregados
Precisamente, el rastro de estas irregularidades habría estado almacenado en los computadores que fueron formateados por orden de Palacio, según la teoría del caso presentada por la Fiscalía.
La confirmación interna del borrado de datos
Un memorando interno del AMVA, fechado en 2024 y firmado por Hernán Darío Elejalde López, jefe del Equipo de Infraestructura Tecnológica, confirma que tres computadores fueron formateados semanas antes. El documento, dirigido a Lina María Hincapié Londoño, entonces jefa de la Oficina de Auditoría Interna, incluía fotografías que mostraban las referencias específicas de cada dispositivo afectado.
Los equipos formateados pertenecían a funcionarios con "asignación funcional estratégica asociada a la contratación", incluyendo el cargo de Secretaría General, que en ese momento ocupaba Carmen Alvira Zapata, asesora del Equipo de Gestión de Contratos del AMVA.
El contexto político del nombramiento
Juan David Palacio llegó a la dirección del AMVA tras ser propuesto directamente por Daniel Quintero, quien ejercía como alcalde de Medellín. En una junta metropolitana, los demás mandatarios municipales avalaron unánimemente su nombramiento, otorgándole así una posición de gran influencia en la administración de recursos metropolitanos.
Actualmente, Palacio enfrenta el proceso penal en libertad, luego de que un juez denegara la solicitud de la Fiscalía de enviarlo a la cárcel preventiva. En la investigación también están vinculadas otras personas, incluyendo a Misael Cadavid, María Yaneth Rúa, Diana María Montoya y Ana María Roldán, quienes enfrentan cargos similares por su presunta participación en la red de corrupción.
El caso continúa su curso judicial mientras la Fiscalía busca consolidar las pruebas que demuestren la existencia de un grupo delincuencial organizado que operó dentro del AMVA durante la era Quintero, desviando recursos públicos mediante mecanismos de contratación irregular y, según las acusaciones, intentando eliminar las huellas de sus acciones mediante la destrucción de evidencia digital.
