Un grupo de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social rechazó el comunicado emitido por el Ministerio de Salud el pasado 10 de junio, en el que se cuestionaban las alertas sobre la situación del sistema. Los exfuncionarios defendieron que señalar riesgos no constituye desinformación y pidieron que el debate se mantenga sobre evidencia técnica y datos verificables.
Deterioro de indicadores de acceso
Según el documento, el aumento de quejas, tutelas, dificultades para acceder a medicamentos y barreras para recibir atención especializada reflejan una situación que requiere atención inmediata. Advirtieron que cuando la liquidez del sistema se debilita y la incertidumbre financiera crece, los efectos se trasladan directamente a los pacientes.
Los exministros también señalaron que la información financiera disponible evidencia señales preocupantes: deterioro de liquidez, incremento de pasivos, pérdidas acumuladas y mayores dificultades para hospitales, clínicas y proveedores. Desde su perspectiva, estos problemas van más allá de los mecanismos de flujo de recursos.
Giro directo no es solución estructural
Cuestionaron que el giro directo sea presentado como una solución estructural. Aunque reconocieron que puede facilitar la circulación de recursos, indicaron que no reemplaza una financiación adecuada ni corrige los desequilibrios acumulados del sector salud.
Otro punto abordado fueron las intervenciones a las EPS. Los exfuncionarios afirmaron que estas deben sustentarse en criterios técnicos, respetar el debido proceso y demostrar que protegen a los usuarios. Recordaron que recientes decisiones judiciales han reiterado la importancia de mantener esos principios.
Críticas al actual Gobierno
El documento plantea una crítica directa al actual Gobierno. Aunque reconoce que los problemas del sistema no comenzaron en esta administración, sostiene que la crisis actual fue anunciada y profundizada durante este período. Señalaron que la Sentencia T-760 de 2008 ya había advertido sobre barreras de acceso y problemas de sostenibilidad, pero eso no justifica la situación actual.
“Los antecedentes históricos no pueden utilizarse para explicar las dificultades que hoy enfrentan los pacientes”, afirmaron. Agregaron que corresponde a cada gobierno corregir los problemas heredados en lugar de profundizarlos.
Suficiencia de la UPC y presupuesto
Los exministros respondieron a los argumentos oficiales sobre el crecimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y del presupuesto del sector. Afirmaron que la discusión principal no se limita al monto de los recursos, sino a si esos recursos han sido suficientes para cubrir las obligaciones reales del sistema. Indicaron que esa preocupación ha sido expresada por la Corte Constitucional en autos de seguimiento.
Frente a los Equipos Básicos de Salud, manifestaron que comparten la importancia de fortalecer la atención primaria, pero la discusión se centra en la sostenibilidad de estos esquemas, su articulación efectiva y los resultados prácticos.
Rechazo a calificación de desinformación
Como conclusión, el grupo rechazó que las preocupaciones de exministros, organizaciones de pacientes, sociedades científicas y centros de pensamiento sean catalogadas como desinformación. “Advertir los riesgos que enfrenta la salud de los colombianos no constituye un ataque a las instituciones”, afirmaron, y representa un ejercicio de responsabilidad pública respaldado por evidencia.
El pronunciamiento cierra con un llamado a construir transformaciones mediante diálogo, responsabilidad fiscal, cumplimiento de la Constitución y respeto por las decisiones judiciales. “La salud requiere menos propaganda y más evidencia. Menos confrontación y más soluciones. Menos relatos y más resultados”, concluyeron.
