Familia del ministro Sanguino suma contratos por más de 1.000 millones con el Estado en gobierno Petro
Familia de ministro Sanguino suma contratos millonarios con el Estado

Familia del ministro Sanguino acumula contratos millonarios con el Estado durante administración Petro

Una investigación periodística revela que la esposa y uno de los hermanos del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, han celebrado contratos con el Estado por más de 1.077 millones de pesos desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los documentos muestran que las adjudicaciones continuaron incluso a pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, diseñada para regular este tipo de situaciones.

Contratos cercanos a la Ley de Garantías

El análisis de los registros del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) evidencia que Diana Meza, esposa del ministro, y Jairo Sanguino Páez, su hermano, suscribieron tres contratos por 411 millones de pesos en enero de 2026, apenas cuatro días antes de que comenzaran a aplicarse las restricciones de la nueva legislación. Esta situación fue inicialmente denunciada por el candidato a la Cámara de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, Germán Ricaurte, a través de sus redes sociales.

Detalle de los contratos de la esposa del ministro

Diana Meza, psicóloga con especialización en Administración Hospitalaria, ha acumulado 415 millones 886 mil 661 pesos en siete contratos con el Estado desde agosto de 2022. Entre las entidades que la han contratado destacan:

  • Departamento Administrativo de la Función Pública: 198 millones 800 mil pesos
  • Secretaría General del Sena: 137 millones 990 mil 995 pesos (contrato de 2025)
  • Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital: 32 millones de pesos

Su contrato más reciente y de mayor cuantía fue firmado el 27 de enero de 2026 con el Departamento Administrativo de la Función Pública por 154 millones de pesos, apenas cuatro días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. El objeto del contrato era "asesoría en la Subdirección General" y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Adjudicaciones al hermano del ministro

Por su parte, Jairo Sanguino Páez, abogado de profesión, ha firmado ocho contratos por un valor total de 661 millones 793 mil 333 pesos durante la actual administración. Seis de estos contratos fueron mediante modalidad de contratación directa y dos por régimen especial.

Las entidades que más recursos le han adjudicado son:

  1. Agencia de Desarrollo Rural: 260 millones de pesos
  2. Sociedad de Activos Especiales (SAE): 212 millones 360 mil pesos
  3. Secretaría General del Sena: 133 millones 433 mil 333 pesos

Al igual que su cuñada, Sanguino Páez también firmó contratos en enero de 2026, específicamente el 28 y 30 de enero, por un total de 275 millones 860 mil pesos, justo antes de la aplicación de la Ley de Garantías.

Designación de la hija del ministro

La investigación también revela que Laura Marcela Sanguino Gutiérrez, hija del ministro, fue nombrada como Subdirectora Técnica en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el 27 de febrero de 2024, mediante la resolución 0114. Según el directorio de servidores de Función Pública, aún se mantiene en ese cargo, lo que suma otro vínculo familiar con cargos públicos durante la administración Petro.

Contexto histórico de los contratistas

Aunque tanto Diana Meza como Jairo Sanguino Páez ya habían sido contratistas del Estado en administraciones anteriores, los registros muestran un incremento significativo en el monto y frecuencia de sus adjudicaciones desde el inicio del gobierno actual. El primer contrato de Meza durante este periodo fue firmado apenas once días después de la posesión del presidente Petro, el 18 de agosto de 2022.

Por su parte, Sanguino Páez inició su relación contractual con el Estado durante esta administración el 14 de febrero de 2024, y en el año 2025 alcanzó su pico con contratos por 322 millones 900 mil pesos.

Esta situación se enmarca en un patrón más amplio de contratación estatal a familiares de altos funcionarios, que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la efectividad de los mecanismos de control en la administración pública colombiana.