La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, rechazó la solicitud del Gobierno Nacional de levantar las órdenes de captura contra 29 cabecillas del 'clan del Golfo', lo que representa un nuevo revés para la política de 'paz total' impulsada por el presidente Gustavo Petro. La decisión, emitida mediante una resolución el pasado lunes, evidencia además la falta de coordinación dentro del Ejecutivo, ya que el propio mandatario afirmó desconocer la petición realizada por su comisionado de paz, Otty Patiño.
Argumentos de la Fiscalía
En su resolución, Camargo explicó las razones por las cuales considera perjudicial suspender las órdenes de captura de delincuentes como alias 'Chiquito Malo', máximo jefe del clan y heredero de las rentas criminales de 'Otoniel', actualmente preso en Estados Unidos. La fiscal señaló que la Oficina del Comisionado de Paz no proporcionó información suficiente ni verificable sobre el contenido del acuerdo, su nivel de cumplimiento y las acciones concretas para el tránsito del grupo hacia la legalidad.
Entre los beneficiarios de la solicitud gubernamental se encontraban figuras como Tatiana Correa, José Francisco Peña, Luis Enrique Martínez, Carlos Andrés Méndez, Ermy Daniel Velásquez, Fredy Ferney Anaya, Andrés Arrieta, Luis Antonio Mogrovejo, Jobanis de Jesús Ávila, Orosman Orlando Osten, Elkin Casarrubia Posada, Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, Luis Armando Pérez Castañeda, José Alberto Vega, Deneil Enrique Acosta, Álvaro Padilla, Julio César Sánchez, Ana Gisela Vásquez, Jesús Betancur, Juan Pablo Marín, Esneider Paul Torres, Juan Carlos Hernández, Armando Morellys Socarrás, Jesús Arnovis Betancur, Arturo Viera, Jesús Ramos, Juan David Bahena, José Arroyo y Jaime Morelo. Estos iban a ser reubicados en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta, Córdoba, y Belén de Bajirá, Chocó, como parte del proceso de paz con el grupo, calificado como una 'estructura armada organizada de crimen de alto impacto'.
Fundamentos legales y condiciones
La fiscal general recordó que la ley y la Constitución la facultan para frenar solicitudes gubernamentales incongruentes. En el caso de extraditables como Jobanis de Jesús Ávila, Orosman Orlando Osten, Luis Armando Pérez y Elkin Casarrubia, la suspensión de sus órdenes de captura y el traslado a zonas temporales solo procede en un estado avanzado del proceso de paz y opera dentro de dichas zonas durante el desplazamiento, hasta que el Gobierno determine lo correspondiente o declare culminado el proceso.
Camargo enfatizó que la existencia de las ZUT no exime la verificación del estado de la negociación con el clan del Golfo. Exigió que los avances en paz deben incluir la desarticulación de las estructuras del grupo, la suspensión de crímenes contrarios al Derecho Internacional Humanitario (DIH), la entrega de menores reclutados forzosamente, el cese de hostilidades contra la población civil, la ubicación de personas desaparecidas y el desmonte de las rentas financieras.
La Fiscalía concluyó que no tiene conocimiento del contenido de los acuerdos alcanzados por el Gobierno ni de la suficiencia de los compromisos asumidos por el 'Egc' (clan del Golfo), ni del nivel de su cumplimiento. Por tanto, carece de los elementos necesarios para responder a la petición de la Oficina del Comisionado de Paz.
Antecedentes y próximos pasos
Esta es la segunda ocasión en que la Fiscalía se opone a una solicitud del Gobierno en lo que va del año. Anteriormente, reactivó las órdenes de captura contra 16 de los 23 capos que participaron en el polémico 'tarimazo' en Medellín. Para revisar los alcances de la paz con el clan del Golfo, Camargo se reunirá este jueves con el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y con el comisionado Otty Patiño.
