Fiscal y agentes policiales detenidos por presunta extorsión en operativo de contrabando
Un juez de control de garantías decretó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el fiscal seccional Leopoldo Eduardo Montes Dávila y los patrulleros de la Sijín de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez. La decisión judicial se fundamenta en la presunta participación de los funcionarios en un caso de extorsión relacionado con mercancía de contrabando.
Interceptación de tractocamión con motores importados
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron cuando los imputados habrían aprovechado sus cargos para interceptar un tractocamión que transportaba 15 motores importados. El vehículo había salido de la zona portuaria de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, con destino a Medellín, Antioquia.
La interceptación se produjo específicamente el 24 de enero en Bosconia, Cesar, donde el tractocamión fue trasladado a un parqueadero. Al día siguiente, el fiscal Eduardo Montes habría emitido un oficio mediante el cual ordenó poner a "disposición de su despacho el automotor y la carga", argumentando supuestos vínculos con narcotráfico y contrabando.
Exigencia de dinero a cambio de devolver la mercancía
La investigación revela que, posteriormente a la incautación, el propietario de los motores se reunió con los funcionarios, quienes presuntamente le solicitaron 300 millones de pesos como contraprestación para devolverle la mercancía. Esta exigencia habría sido reducida más tarde a 100 millones de pesos, según los testimonios y pruebas recopiladas por las autoridades.
Además, se estableció que el fiscal Eduardo Montes asumió el caso sin tener competencia para ello, con el aparente objetivo de dar una apariencia de legalidad a sus actuaciones. Según los investigadores, el funcionario habría incluido "todas las actuaciones de un proceso abierto por otros hechos distintos" para encubrir su participación en los hechos.
Imputación de delitos de concusión y prevaricato
Una fiscal delegada ante el tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción formuló imputación formal contra los tres funcionarios por el delito de concusión, que consiste en exigir o recibir dinero indebidamente aprovechando el ejercicio de un cargo público. Al fiscal Eduardo Montes se le adicionó el cargo de prevaricato por omisión agravado, por haber actuado contra sus deberes funcionales de manera deliberada.
Los tres imputados permanecerán detenidos mientras avanza la investigación penal en su contra, en un caso que evidencia los mecanismos de corrupción que pueden infiltrarse en instituciones del Estado colombiano.
