Fiscalía avanza en caso de expolicía vinculado a pago de apartamento de presidente de Ecopetrol
La Fiscalía General de la Nación se encuentra en la fase final de preparación de una decisión crucial sobre la situación jurídica del expolicía Juan Guillermo Mancera, quien aparece como contratista que realizó los pagos del lujoso apartamento 901 ocupado por Ricardo Roa, presidente de la estatal petrolera Ecopetrol. Este desarrollo se produce mientras Roa enfrenta un llamado a doble imputación por parte del ente acusador.
Doble imputación contra Ricardo Roa
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, reaccionó a través de su defensa legal al anuncio de la Fiscalía sobre su citación a una audiencia de doble imputación. Los cargos se relacionan con dos investigaciones separadas: la primera por presunta violación de topes de campaña durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, donde se habrían superado los límites en más de 5.300 millones de pesos en ambas vueltas electorales.
La segunda imputación está directamente vinculada a la adquisición del apartamento 901, ubicado en el norte de Bogotá, cuya compra fue revelada por investigaciones periodísticas en diciembre de 2023. Según los documentos, los pagos de esta propiedad fueron realizados por empresas vinculadas al expolicía Juan Guillermo Mancera, quien mantiene relaciones comerciales con Ecopetrol.
El vínculo con el apartamento 901
Las investigaciones han establecido que mientras Mancera realizaba transferencias y consignaciones para el pago del apartamento ocupado por Roa, al menos una de sus empresas firmaba contratos con Ecopetrol. Además, se verificó que una sobrina de Mancera y una exejecutiva de tres de sus empresas, incluida Innova Mercadeo y Logística SAS (la misma que pagó el apartamento), llegaron a trabajar en la petrolera estatal.
"Vienen nuevas decisiones", confirmaron fuentes cercanas al caso, quienes indicaron que la Fiscalía está ultimando detalles para resolver la situación jurídica de Mancera, cuyo apoderado legal es el exfiscal Mario Iguarán. Recientemente se reveló un contrato de suministro de gas sellado con Mancera, donde su firma tiene como proveedor a NG Energy, empresa de la que es socio Serafino Iacono, el dueño original del apartamento 901.
Posición de la defensa y silencio institucional
Mientras Ecopetrol mantiene un silencio oficial sobre el llamamiento a imputación de su presidente, el penalista Juan David León, apoderado de Roa, emitió un comunicado señalando que no ha sido notificado formalmente de ninguna citación a audiencia. "A la fecha, la defensa técnica y material no ha sido notificada formalmente de citación alguna", explicó León.
El abogado enfatizó que se mantiene incólume la presunción de inocencia de Ricardo Roa, quien "deberá contar con todas las garantías procesales necesarias para ejercer su derecho de defensa". Además, advirtió que cualquier señalamiento será debidamente controvertido en las etapas procesales correspondientes ante los funcionarios judiciales competentes.
Antecedentes investigativos
El caso tiene sus orígenes en febrero de 2023, cuando se revelaron los primeros indicios sobre ajustes en facturas por servicios de seguridad y otros gastos de campaña que desembocaron en la apertura de una investigación administrativa en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta investigación terminó en una sanción histórica por violación de topes.
Posteriormente, en mayo de 2025, el CNE solicitó que se compulsaran copias a la Fiscalía para que indagara a Roa, decisión que quedó en firme tres meses después. Tanto el presidente Gustavo Petro como Ricardo Roa han negado consistentemente cualquier irregularidad, argumentando que el CNE estaría calificando erróneamente como aportes los pagos a testigos electorales y desembolsos de sindicatos canalizados por la Colombia Humana.
El desarrollo de este caso representa un desafío significativo para la administración Petro, ya que involucra a uno de sus colaboradores más cercanos en medio de investigaciones que tocan aspectos sensibles de la campaña presidencial y relaciones comerciales con la principal empresa estatal del país.
