La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha recibido de parte de la Fiscalía General de la Nación bienes valorados en más de 534.000 millones de pesos, como parte de la investigación que se adelanta contra la marca Lili Pink por presuntos delitos de contrabando y lavado de activos.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio decidió poner bajo la administración de la SAE un total de 391 establecimientos comerciales, cinco vehículos de alta gama, 40 inmuebles y una sociedad comercial. Además, se entregaron 49 millones de pesos en efectivo y recursos líquidos por 3.068 millones de pesos que estaban en productos financieros.
Continuidad de las operaciones comerciales
El ente investigador informó que los activos intervenidos siguen integrados funcionalmente a la operación y que las actividades comerciales en los locales ocupados continúan desarrollándose con normalidad. La SAE será la encargada de garantizar la productividad, conservación y control de estos bienes mientras avanzan las investigaciones.
El entramado detrás de Lili Pink
Los investigadores detallaron que Walter Francisco Martínez habría participado en la creación, administración y representación legal de al menos siete compañías dedicadas a la importación de mercancías, las cuales serían empresas de papel. Según la Fiscalía, estas empresas presuntamente fueron utilizadas para simular operaciones de comercio en el extranjero y así evadir los controles aduaneros, permitiendo el ingreso ilegal de cosméticos, prendas de vestir, juguetes y otros productos.
La actividad ilegal quedó expuesta cuando los investigadores constataron que varias de estas empresas tenían direcciones registradas que no existen o correspondían a viviendas residenciales o lotes vacíos, sin relación con las compañías reportadas. Estas acciones habrían permitido a la marca obtener mayores ganancias e incrementar su patrimonio a través de este presunto entramado.
Cargos imputados
A Walter Francisco Martínez se le imputaron cargos por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito a favor de terceros. Las autoridades aseguraron que las investigaciones continúan para esclarecer el alcance de las operaciones ilegales y la posible participación de otras personas.
