La Fiscalía General de la Nación enfrenta una situación vergonzosa debido al manejo deficiente de los casos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La reciente liberación de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ambos por vencimiento de términos, ha generado un fuerte cuestionamiento sobre la capacidad del ente acusador para llevar a cabo investigaciones sólidas contra altos funcionarios del Estado.
Casos clave quedan en libertad
La excarcelación de Ortiz y Bonilla, aunque los procesos continúan, deja en la opinión pública la percepción de que no existen pruebas contundentes en su contra. Además, abre la puerta a críticas contra la rama judicial, que se ve afectada por las torpezas de la Fiscalía. Surge la pregunta: si no hay capacidad para culminar las investigaciones, ¿por qué se mantuvo privadas de la libertad a dos personas que siempre comparecieron ante la justicia? Se supone que estos casos cuentan con evidencias suficientes, pero los hechos indican lo contrario.
Las decisiones judiciales
El juez de control de garantías que evaluó el caso de Ortiz fue contundente: desde la radicación del escrito de acusación transcurrieron 329 días, superando ampliamente los 240 días establecidos por la ley. Por ello, ordenó su libertad inmediata. Esto lleva a preguntarse: ¿por qué se demoró tanto el juicio oral? ¿Cómo pudo la Fiscalía perder el control de un proceso tan relevante, que incluso estuvo cerca de un principio de oportunidad?
Ante esto, la Fiscalía respondió a El Espectador señalando que la defensa realizó maniobras dilatorias. Sin embargo, cabe cuestionar si el ente investigador no debería estar preparado para este tipo de estrategias. Si no puede evitarlas, ¿está condenado a que todos los casos terminen con términos vencidos?
El caso de Ricardo Bonilla
Algo similar ocurrió con el exministro Bonilla, quien estuvo bajo medida preventiva desde diciembre. La magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, determinó que no se presentó a tiempo el escrito de acusación, por lo que ordenó su libertad. Ambos procesos siguen en curso, pero la credibilidad de la Fiscalía queda en entredicho.
No se trata de negar la presunción de inocencia de los implicados, sino de criticar a una Fiscalía que hace anuncios rimbombantes pero falla en procesos clave. Más allá de los casos ya cerrados contra los involucrados directos, no se sabe si hubo una red más amplia de corrupción o solo fueron unas cuantas manzanas podridas, como sostiene la Casa de Nariño. Esa es la pregunta que la Fiscalía debe responder a los colombianos, pero entre vencimientos de términos y torpezas, la verdad sigue en la oscuridad.
