La fiscal Lucy Laborde solicitó cinco días de arresto para Nicolás Petro Burgos por no comparecer de manera presencial ante el Juzgado 2 Especializado de Barranquilla, donde se adelanta el proceso en su contra por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La petición se realizó mediante un incidente de aplicación de medidas correccionales.
Argumentos de la Fiscalía
Laborde señaló que el pasado 24 de octubre, Petro le indicó al juez Hugo Carbonó que no podía trasladarse desde Bogotá a Barranquilla debido al congelamiento de sus movimientos financieros tras ser incluido en la Lista Clinton, misma que también afecta a su padre, el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la Fiscalía presentó pruebas de que en los últimos meses el exdiputado ha sido visto en clubes recreacionales de Cartagena y Santa Marta, según informes de policía judicial y fotografías publicadas en redes sociales por Laura Ojeda, pareja de Petro Burgos.
Visitas a clubes
Entre las evidencias recopiladas por la Fiscalía se encuentra que Petro habría visitado el Club Naval de Oficiales de la Armada en Cartagena los días 8, 17 y 23 de diciembre de 2025, así como el 30 de enero y el 3 y 6 de marzo de 2026. En Santa Marta, habría estado el 27 de marzo de 2026 en el Centro Recreacional San Fernando, administrado por el Ejército Nacional. Estos datos fueron analizados mediante el sistema Tangles de la Fiscalía.
Con base en esta información, Laborde pidió el arresto tanto de Petro como de su abogado, el penalista Alejandro Carranza, argumentando que se violó el numeral 4 del artículo 143 del Código de Procedimiento Penal, que establece sanciones por desacato a órdenes judiciales.
Decisión judicial pendiente
La jueza calificó como un "contrasentido jurídico y fáctico" que Petro alegue restricciones de movilidad por la Lista Clinton mientras demuestra capacidad para desplazarse entre Bogotá, Cartagena y Santa Marta. El juez Hugo Carbonó deberá decidir en los próximos días si concede el arresto. Para ello, solicitará a la Fiscalía, la defensa y la Procuraduría que presenten sus posturas por escrito.
Contexto del caso
Nicolás Petro está próximo a enfrentar un juicio por presunto enriquecimiento ilícito con 1.053 millones de pesos, que habrían sido enviados por empresarios de la costa Caribe para la campaña presidencial de 2022. La Fiscalía sostiene que el exdiputado se apropió de esos fondos para gastos personales sin justificar el incremento patrimonial.
