Gobierno Petro gastó $31 billones en contratos directos con asociaciones comunitarias
Un derecho de petición respondido por Colombia Compra Eficiente ha revelado cifras alarmantes sobre la contratación pública durante la administración del presidente Gustavo Petro. Según la información oficial, el Gobierno ha destinado más de 31 billones de pesos en contratos directos con asociaciones público-populares, una figura creada por el Plan Nacional de Desarrollo que posteriormente fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.
Detalles de la contratación cuestionada
La entidad estatal reconoció que durante esta administración se han firmado 80.736 contratos con diversas organizaciones comunitarias, incluyendo asociaciones comunales, juntas de acción comunal, cabildos indígenas y resguardos. Estas entidades, en numerosos casos, representan la base política y electoral del Pacto Histórico, el partido oficialista.
El desglose específico muestra inversiones millonarias:
- Más de 25 billones de pesos en 55.434 contratos con asociaciones comunales
- Más de 2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios
- Más de 1 billón en 2.274 contratos con resguardos
- Más de 700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos
- Más de 6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal
- Más de 382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas
Fallo de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional tumbó los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo que permitían estas contrataciones directas. El alto tribunal argumentó que el Gobierno se había extralimitado al agregar un nuevo caso para contratar 'a dedo', sin especificar claramente la naturaleza de las Asociaciones Público Populares.
"Se consideró que el artículo demandado desconoce las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en la regulación de la contratación pública", explicó la Corte en su fallo, añadiendo que las disposiciones iban en contra de la transparencia que debe regir la contratación pública.
Bajos niveles de cumplimiento y ejecución
De los miles de contratos firmados, solo una fracción menor ha sido terminada satisfactoriamente:
- De 55.434 contratos con asociaciones comunales, solo 7.309 aparecen como terminados
- De los contratos con cabildos, apenas 165 han concluido
- De los consejos comunitarios, poco más de 1.000 han finalizado
La mayoría de los contratos permanecen en estados como "celebrado", "modificado" o en ejecución, lo que ha generado alertas por parte de organismos de control como la Contraloría General de la República.
Programa 'Caminos para la Paz' en crisis
Uno de los programas emblemáticos que utilizó este tipo de contratación, 'Caminos para la Paz', presenta resultados preocupantes. Hasta 2025, de los 33.000 kilómetros de vías rurales prometidos por el Gobierno, solo se habían construido 2.387 kilómetros, representando apenas el 7% de la meta establecida.
La Contraloría ha señalado que los billonarios recursos asignados no se ven materializados en las obras públicas prometidas, generando dudas sobre el manejo financiero y la capacidad ejecutora de las organizaciones beneficiarias.
Advertencias previas de expertos
Organizaciones como la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) habían alertado desde 2023 sobre los riesgos de este modelo de contratación. Juan Martín Caicedo, entonces presidente del gremio, advirtió que "promovía la concentración de obras públicas en manos inexpertas", favoreciendo a grupos poblacionales específicos en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería asentadas en las regiones.
La CCI señaló múltiples problemas potenciales:
- Ejecución de labores especializadas por asociaciones sin experiencia técnica adecuada
- Posible elusión de la Ley 80 o estatuto de contratación pública
- Riesgo de corrupción por la falta de procesos competitivos
- Adjudicación de contratos sin estudios ni diseños suficientes
- Posibilidad de que las obras queden inconclusas o con bajos estándares de calidad
Posición de la Procuraduría
En contraste con las críticas, el procurador general Gregorio Eljach defendió esta forma de contratación en un concepto enviado a la Corte Constitucional en mayo de 2025. La Procuraduría argumentó que "flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional".
La entidad sostuvo que la contratación directa con asociaciones público-populares se encontraba debidamente regulada y que permitía la contratación directa en casos específicos bajo reglas claras que respetaban la legislación contractual vigente.
Este caso revela tensiones profundas entre diferentes visiones sobre la contratación pública, la transparencia en el manejo de recursos estatales y los mecanismos para promover la participación comunitaria en proyectos de infraestructura, todo en el contexto de un debate constitucional que sigue marcando la agenda nacional.
