Fiscalía imputa a excandidato Freddy Camilo Gómez por red de contrabando vinculada a 'Papá Pitufo'
La Fiscalía General de la Nación ha imputado formalmente cargos contra el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional por su presunta participación en una extensa red de corrupción que habría facilitado actividades de contrabando lideradas por Diego Marín Buitrago, conocido en el ámbito criminal como 'Papá Pitufo'. Según las autoridades investigadoras, esta estructura ilegal operaba para favorecer el ingreso, tránsito y comercialización de mercancía ilegal en territorio colombiano, específicamente a través de puertos estratégicos en la región Caribe.
Detalles de la imputación y cargos presentados
Los exuniformados vinculados al caso son identificados como José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez. La investigación de la Fiscalía sostiene que cada uno de estos individuos desempeñaba un rol específico dentro de la organización criminal, la cual presuntamente funcionaba para proteger y coordinar las operaciones de contrabando. A todos los implicados se les han imputado delitos graves que incluyen:
- Concierto para delinquir agravado
- Cohecho por dar u ofrecer
- Tráfico de influencias de servidor público
- Tráfico de influencias de particular
Es importante destacar que ninguno de los procesados ha aceptado los cargos formulados en su contra, lo que sugiere que el proceso judicial avanzará hacia una etapa de debate probatorio.
Presunta articulación de la red por parte de Gómez Castro
Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía indican que Freddy Camilo Gómez Castro habría actuado como uno de los principales articuladores de esta red de corrupción. Según los investigadores, el excandidato mantenía contactos directos con funcionarios de diversas entidades nacionales y regionales, así como con miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial. El objetivo de estos contactos era influir en decisiones críticas relacionadas con los controles aduaneros en puertos colombianos.
La estrategia criminal buscaba permitir el ingreso y circulación sin obstáculos de mercancía de contrabando vinculada a la organización de Diego Marín Buitrago. A cambio de sumas considerables de dinero, algunos funcionarios públicos presuntamente se abstendrían de realizar inspecciones, controles o acciones legales contra la estructura ilegal, creando así un entorno de impunidad operativa.
Un dato relevante es que Gómez Castro fue notificado de un requerimiento judicial vigente por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) inmediatamente después de ejercer su derecho al voto en un puesto electoral ubicado en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.
Roles específicos de los exintegrantes policiales
Dentro de la estructura investigada, José Luis Olaya Caicedo habría aprovechado su experiencia previa en el área de talento humano de la Policía Nacional para identificar y perfilar uniformados de la Polfa que pudieran ser susceptibles de colaborar con la red de contrabando. Además, según los hallazgos de la Fiscalía, estaría encargado de recolectar dinero entre comerciantes establecidos en Cartagena, fondos que posteriormente se utilizaban para pagar dádivas a otros miembros de la institución policial.
Por otro lado, Édgar Humberto Bacca Suárez habría desempeñado un papel directamente vinculado con la entrada física de mercancía ilegal por los puertos de Barranquilla y Cartagena. La investigación señala que presuntamente buscaba contactar agentes aduaneros y propietarios de agencias navieras para obtener listados confidenciales de contenedores que, por acuerdos corruptos, no debían ser registrados ni aprehendidos por las autoridades competentes.
Este caso expone una compleja trama de corrupción que involucra a figuras políticas, exmiembros de la fuerza pública y estructuras criminales dedicadas al contrabando, representando un desafío significativo para las autoridades judiciales colombianas en su lucha contra la ilegalidad en los puertos nacionales.
