Juliana Guerrero enfrenta imputación por presuntos títulos falsos para acceder al Viceministerio de Juventudes
La polémica funcionaria gubernamental Juliana Guerrero Jiménez será formalmente imputada este martes 10 de marzo en los estrados judiciales de Paloquemao, en Bogotá, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Este proceso judicial se deriva de los presuntos títulos académicos falsificados que habría presentado durante su aspiración al cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad.
Los documentos académicos cuestionados
Según las investigaciones de las autoridades, Guerrero habría obtenido documentos públicos falsos que la acreditaban como profesional en Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San José. A pesar del respaldo público del presidente Gustavo Petro en múltiples ocasiones, y de los intentos de la misma funcionaria por alegar una convalidación de estudios en el Sena del Cesar, las pesquisas determinaron:
- Inasistencia sistemática a clases
- Incumplimiento de requisitos académicos fundamentales
- Falta de presentación de los exámenes de Estado Saber Pro y Saber TyT
El escándalo salió a la luz pública luego de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunciara que Guerrero no cumplía con los requisitos académicos mínimos para ocupar el viceministerio de las Juventudes. Posteriormente, una confirmación oficial del Icfes reveló que la funcionaria ni siquiera había presentado las pruebas estatales obligatorias para la obtención de títulos universitarios en Colombia.
El caso adicional de las aeronaves policiales
Pero las complicaciones legales para Juliana Guerrero no se limitan al caso de los títulos falsos. La funcionaria también está siendo investigada por el uso indebido de aeronaves oficiales de la Policía Nacional para desplazamientos personales.
En noviembre de 2025, la Contraloría General de la República encontró hallazgos fiscales significativos relacionados con el uso de estas aeronaves por parte de Guerrero para realizar viajes entre Bogotá y Valledupar. Según el informe del organismo de control:
- Los desplazamientos no estaban relacionados con sus funciones en el Ministerio del Interior
- Correspondían a asuntos personales vinculados a su participación en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar
- Generaron gastos operativos que ascendieron a $213 millones de pesos en recursos públicos
Estos vuelos, que ocurrieron mientras Guerrero trabajaba en el Ministerio del Interior, han sido calificados como un uso inadecuado de recursos estatales y representan una línea de investigación paralela que sigue avanzando en los organismos de control.
El contexto político y las implicaciones
Lo más llamativo de este caso es que, a pesar de las graves acusaciones y las investigaciones en curso, Juliana Guerrero continúa apareciendo como delegada del Gobierno en registros oficiales. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de verificación de credenciales para cargos públicos de alto nivel y ha puesto en evidencia posibles fallas en los procesos de selección de funcionarios.
El caso de Guerrero representa uno de los escándalos más significativos relacionados con credenciales académicas falsas en la historia reciente del gobierno colombiano, y sus implicaciones podrían extenderse más allá de lo jurídico, afectando la confianza pública en las instituciones y los procesos de selección de altos cargos gubernamentales.
