Fiscalía formaliza imputación contra presidente de Ecopetrol por presunto tráfico de influencias
En una diligencia virtual que estremece los altos mandos de la empresa estatal petrolera, la Fiscalía General de la Nación imputó formalmente este miércoles 11 de marzo a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público. Durante la audiencia ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, el funcionario rechazó contundentemente las acusaciones: "Su señoría, no acepto los cargos y me declaro inocente", afirmó Roa con firmeza.
El caso que cuestiona la transparencia en la petrolera estatal
La investigación, que se origina en presuntas irregularidades en la adquisición de un inmueble y la adjudicación de contratos, coloca bajo escrutinio público la transparencia en la gestión de la empresa más importante de Colombia. Este proceso judicial se suma a otros frentes abiertos contra el presidente de la petrolera, incluyendo investigaciones por presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de 2022, donde se desempeñó como gerente.
El descuento millonario y la conexión con Hocol
La teoría del caso presentada por la fiscal Claudia Emilia Garrido Durán revela una compleja triangulación de favores. Según la Fiscalía, entre agosto de 2024 y enero de 2025, Roa habría utilizado su posición para beneficiar a Juan Guillermo Mancera, un exoficial de policía y empresario que le vendió un lujoso apartamento en el edificio Entreparques, ubicado en el exclusivo sector de El Chicó, al norte de Bogotá.
La transacción genera profundas sospechas debido a las cifras involucradas: mientras el inmueble estaba avaluado en más de 2.000 millones de pesos, Roa lo adquirió por apenas 1.800 millones. Para los investigadores, este beneficio económico de aproximadamente 900 millones de pesos no habría sido casual, sino una contraprestación por gestiones de negocios dentro del Grupo Ecopetrol.
Revelaciones de los expedientes judiciales
De acuerdo con información exclusiva de los expedientes revelados durante la audiencia, Roa habría dado instrucciones específicas a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol (filial de Ecopetrol), para dirigir el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG en La Guajira hacia la empresa Gaxi SA ESP, representada precisamente por Mancera, el mismo vendedor del apartamento.
Encuentros en restaurantes y oficinas privadas
La fiscal Garrido detalló que la presión para favorecer a la firma Gaxi se manifestó en al menos dos momentos cruciales:
- Un almuerzo en el restaurante Flora, que habría sido un encuentro entre Roa y Rojas posterior a una junta directiva de Hocol.
- Una reunión privada en las oficinas de Ecopetrol donde presuntamente se reiteraron las instrucciones para asignar el negocio a la empresa de Mancera.
Aunque Hocol y Gaxi llegaron a firmar un memorando de entendimiento, la operación fue suspendida en abril de 2025 por orden de la misma empresa estatal, cuando las alarmas internas ya se habían activado.
La defensa y la decisión judicial
El abogado defensor de Roa intentó detener el avance del proceso, argumentando que la exposición de la Fiscalía carece de claridad sobre cómo la compra de un bien privado se traduce automáticamente en un delito penal, señalando vacíos significativos en la narración de los hechos jurídicamente relevantes.
Sin embargo, el juez de control de garantías desestimó estos argumentos y avaló la legalidad de la imputación. Con esta decisión, el proceso avanza hacia la etapa de acusación, donde la Fiscalía deberá presentar las pruebas definitivas en un eventual juicio oral. Por ahora, Ricardo Roa permanece en su cargo mientras la justicia determina el curso de esta compleja situación.
