Fiscalía imputa a presidente de Ecopetrol por presunto tráfico de influencias en caso de apartamento
En la mañana de este miércoles 11 de marzo, la Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias. El caso está directamente relacionado con la adquisición de un lujoso apartamento ubicado en el exclusivo sector de El Chicó, al norte de Bogotá, y la sospecha de que Roa ordenó amarrar contratos a favor del vendedor del inmueble.
Audiencia virtual y detalles del proceso legal
La imputación se llevó a cabo de manera virtual ante el despacho del juez 35 de control de garantías de Bogotá. Ricardo Roa se conectó a la audiencia acompañado de su abogado defensor, Juan David Quiroga. Por parte de la Fiscalía, la fiscal Claudia Emilia Garrido Durán fue la encargada de presentar los cargos en contra del máximo ejecutivo de la estatal petrolera, destacando la gravedad de las acusaciones.
Orígenes del caso y conexiones empresariales
Según la información proporcionada por la fiscal Garrido Durán durante la audiencia, el caso se remonta al año 2024, cuando Roa ya ocupaba la presidencia de Ecopetrol y Luis Enrique Rojas dirigía Hocol, una filial de la empresa dedicada a la extracción de petróleo y gas natural. En ese momento, se desarrollaban dos movimientos simultáneos que ahora son centrales en la investigación.
Por un lado, Ricardo Roa negociaba la compra de un apartamento en el edificio Entreparques, propiedad de la empresa Princeton International Holding, con un avalúo superior a los 2.700 millones de pesos colombianos. El intermediario de esta transacción habría sido Juan Guillermo Mancera, a través de su empresa Innova Mercadeo, quien pactó la venta del inmueble en 1.800 millones de pesos, una cifra significativamente menor al valor de mercado.
Presuntas órdenes de direccionamiento de contratos
Al mismo tiempo, Hocol estaba negociando la operación del proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG en La Guajira. Juan Guillermo Mancera, además de intermediar en la venta del apartamento, era el representante legal de la empresa Gaxi SA ESP, interesada en adjudicarse ese proyecto de Ecopetrol y Hocol. La teoría de la Fiscalía sostiene que Ricardo Roa habría dado instrucciones a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, para direccionar el contrato hacia la empresa representada por Mancera.
Estas indicaciones se habrían realizado en dos oportunidades clave: durante un encuentro en un restaurante de Bogotá y en una reunión privada en las oficinas de Ecopetrol. Hocol y Gaxi llegaron a firmar un memorando de entendimiento sobre el negocio, pero en abril de 2025, Ecopetrol ordenó suspender la operación del proyecto en La Guajira, lo que añade complejidad al caso.
Implicaciones y desarrollo continuo de la investigación
La imputación marca un momento crítico en la carrera de Ricardo Roa y pone bajo escrutinio las prácticas al interior de Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país. Las acusaciones de tráfico de influencias podrían tener repercusiones legales y políticas significativas, especialmente en un contexto de lucha contra la corrupción en Colombia.
Este caso sigue en desarrollo, y se espera que la Fiscalía continúe recopilando evidencias y testimonios para fortalecer su posición. La defensa de Roa, por su parte, ha señalado que no considera necesaria su renuncia, argumentando que las imputaciones no afectan su capacidad para liderar la empresa. Sin embargo, la presión pública y judicial podría intensificarse en las próximas semanas.
La investigación no solo involucra a altos ejecutivos de Ecopetrol, sino que también destaca la interconexión entre negocios inmobiliarios y contratos estatales, un tema recurrente en casos de corrupción en Colombia. La transparencia en estos procesos será clave para restaurar la confianza en las instituciones públicas y empresas estatales.
