La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa Chaparro, continúa este jueves 14 de mayo. La Fiscalía ha revelado parte de la evidencia que llevó a su captura hace una semana en la plaza pública del municipio. En desarrollo del proceso, el juez de control de garantías avaló la incautación de varios celulares de funcionarios de la alcaldía, realizada de manera paralela a la detención del mandatario.
Funcionarios investigados
Dos de los móviles incautados pertenecen a William Yesid Molina García, inspector segundo de convivencia y paz de Villa de Leyva, y a Luis Fernando Cárdenas Rico, exsecretario de Planeación del municipio. La Fiscalía busca determinar si existieron intercambios de mensajes entre el alcalde y estos funcionarios que demuestren la solicitud de coimas a cambio de aprobar la licencia de construcción solicitada por la firma Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S.
EL TIEMPO reveló audios en los que una voz atribuida al alcalde Gamboa pide un 20 por ciento sobre el precio de la licencia de construcción y describe cómo debe repartirse entre varios funcionarios. Sin embargo, allegados a los funcionarios mencionados aseguran que la incautación es un procedimiento de rutina y que ellos son funcionarios intachables que solo cumplieron con las normas.
Antecedentes del caso
La firma constructora del megapredio está ligada a la empresaria María Victoria Solarte Daza, quien solicitó una licencia de construcción en 2022 para una vivienda de 500 metros cuadrados que terminó siendo una mansión de 5.000 metros cuadrados. La mansión incluye pesebreras de dos niveles, dos lagos, capilla y otras construcciones no contempladas en la licencia inicial. Se emitió una sanción que ordenaba la demolición de las obras, avaluadas en cerca de 6 millones de dólares, y se impuso una multa de 232 millones de pesos a Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S.
Defensa de la empresaria
La defensa de la empresaria Solarte, a cargo del abogado Alejandro Cadena, pidió que ella sea reconocida como víctima en el proceso y entregó los audios en los que el alcalde le pide un soborno, el cual ella rechazó. Según se dijo en las audiencias, la solicitud de dinero por parte del alcalde ocurrió el 4 y 5 de marzo, y la sanción a la obra fue en abril: "Evidentemente la sanción es retaliación a no aceptar darle plata".
Defensa del alcalde
La defensa del mandatario, liderada por el penalista José Ricardo Burgos, aseguró que solicitará un peritaje de los audios aportados por la defensa de la empresaria e insiste en que todo el caso es un montaje contra el alcalde por no aprobar la licencia. Burgos también mencionó que trabaja con la abogada Elizabeth Patiño Zea, asesora jurídica externa de Villa de Leyva, quien fue impedida de ingresar a la audiencia. Patiño se negó a declarar sobre el tema.
La Fiscalía pidió que el alcalde sea enviado a prisión por los delitos de concusión y prevaricato. Mientras tanto, en Villa de Leyva se solicita que se investiguen otras licencias de construcción.
