La Superintendencia del Subsidio Familiar ordenó la intervención administrativa total de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico, Comfamiliar Atlántico, mediante la Resolución No. 0527 del 6 de julio de 2026. La medida, vigente desde su expedición y con una duración de doce meses, busca proteger los recursos parafiscales del sistema, fortalecer la gobernanza de la entidad y garantizar la continuidad de los servicios para los trabajadores afiliados y sus familias.
Riesgos detectados en la caja de compensación
Según informó la entidad, la decisión se sustenta en el Informe Final de Visita Ordinaria y en el análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. Ese análisis, tal como lo manifestó el ente supervisor, identificó riesgos simultáneos en varios frentes: el gobierno corporativo de la Caja, el funcionamiento de su Consejo Directivo, el desempeño de la Revisoría Fiscal, los procesos de contratación, el manejo de la tesorería, la ejecución de subsidios en especie y la sostenibilidad del Proyecto Las Cayenas.
Medida necesaria y proporcional
De acuerdo con el comunicado oficial, estos hallazgos ponen en entredicho la trazabilidad financiera y la regularidad administrativa de la entidad, lo que llevó a la Superintendencia a concluir que la intervención total era la medida "necesaria, idónea y proporcional" para corregir las irregularidades y restablecer condiciones de transparencia.
Separación temporal de directivos
Como parte de la intervención, se dispuso la separación temporal —de carácter no sancionatorio— de los miembros del Consejo Directivo y del Director Administrativo de Comfamiliar Atlántico, con fundamento en los numerales 22 y 23 del artículo 5 del Decreto 2595 de 2012. La Superintendencia enfatizó que esta separación no implica un prejuzgamiento sobre responsabilidades individuales, sino una medida preventiva para garantizar la eficacia del proceso interventor.
Garantías y recursos legales
Frente a los señalamientos formulados por Asocajas, la entidad de control aseguró que la actuación se adelantó con estricto respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales y legales, y recordó que la Resolución No. 0527 puede ser controvertida a través de los recursos que contempla la ley, tanto por la Corporación como por sus administradores.
