Contraloría exige responsabilidad a interventora de Asmet Salud por giros irregulares de $23.426 millones
La Contraloría General de la República ha puesto en evidencia graves irregularidades fiscales en la EPS Asmet Salud, que actualmente se encuentra bajo intervención forzosa ordenada por la Superintendencia de Salud. El órgano de control determinó que se realizaron presuntos giros injustificados por $23.426 millones a prestadores del servicio de salud, autorizados específicamente por la firma RG Auditores SAS, designada como interventora de la entidad.
Auditoría revela manejo irregular de recursos
Una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría examinó la gestión administrativa, contractual y financiera de Asmet Salud durante las vigencias 2023 y 2024, encontrando irregularidades fiscales que ascienden a $24.849 millones. La EPS, que tiene presencia en once departamentos colombianos con especial fuerza en el suroccidente y centro del país, ha estado intervenida desde mayo de 2023 por decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El organismo de control, a través de su delegada para el Sector Salud, analizó el manejo de recursos fiscales y parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). La investigación concluyó que una parte significativa de los recursos, administrados también por RG Auditores SAS, terminó en manos de terceros sin justificación legal suficiente.
Modificaciones ilegales en montos autorizados
El hallazgo principal de $23.426 millones corresponde a pagos que habrían sido autorizados por la firma interventora. Según la Contraloría, con la omisión de ese agente interventor, la EPS modificó de manera injustificada e ilegal los montos aprobados para giro directo a la red prestadora de servicios.
La auditoría estableció que Asmet Salud certificó inicialmente la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo por un total de $47.809 millones. Sin embargo, en la revisión se determinó que a 74 de esos prestadores se les giraron montos superiores a los autorizados originalmente.
Recuperación limitada de recursos públicos
A la fecha, solo se ha logrado el reintegro de $24.383 millones, dejando pendientes por recuperar los $23.426 millones que motivan la investigación. La Contraloría advirtió que, pese al tiempo transcurrido, esos recursos continúan en poder de terceros sin que se hayan activado con la celeridad necesaria los mecanismos legales disponibles para exigir su devolución.
Aunque la EPS manifestó que no autorizó dichos pagos e incluso atribuyó la responsabilidad a decisiones tomadas por la interventoría, el ente de control señaló que no existe evidencia de acciones administrativas o judiciales contundentes contra la firma interventora para recuperar el dinero.
Procesos de conciliación con resultados insuficientes
El expediente fiscal marca que, en 2024, Asmet Salud solicitó autorización para iniciar procesos de conciliación extrajudicial con los prestadores involucrados. No obstante, de los 74 implicados, solo 64 fueron citados a audiencia, y los resultados han sido limitados:
- 27 prestadores rechazaron la conciliación
- 29 no asistieron a las citaciones
- 8 procesos permanecen suspendidos
Esta situación ha frenado significativamente el avance en la recuperación efectiva de los recursos públicos, según determinó el órgano de control.
Responsabilidad fiscal que no se extingue
La Contraloría recalcó que han transcurrido más de dos años desde que se realizaron los giros irregulares, tiempo durante el cual no se han implementado medidas efectivas para recuperar los fondos. El ente de control reiteró que la obligación de recuperar recursos públicos no desaparece por el hecho de que la EPS no haya sido directamente responsable del giro.
En su condición de gestora fiscal de los recursos del sistema de salud, Asmet Salud debe adelantar acciones oportunas y eficaces para garantizar el reintegro de los dineros públicos. La Contraloría concluyó enfáticamente que esta responsabilidad fiscal no se extingue por las circunstancias particulares del caso, estableciendo un precedente importante para futuras intervenciones en el sector salud colombiano.
