Fiscalía pone bajo la lupa millonarios contratos de servicios de maquillaje y fotografía
En medio de la alerta emitida por la Contraloría General de la Nación sobre el aumento significativo en la contratación directa durante enero de 2026, se destapa una nueva polémica que involucra a la ex primera dama Verónica Alcocer. La Fiscalía General de la Nación está investigando una serie de contratos suscritos por RTVC que, en conjunto, suman aproximadamente 23.000 millones de pesos y que habrían beneficiado a profesionales presuntamente vinculados a la atención de Alcocer.
Detalles de los contratos y modalidad de administración delegada
De acuerdo con la documentación revelada por el medio Semana, los contratos fueron celebrados a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), bajo la modalidad de administración delegada. Esta figura contractual ha generado preocupación entre expertos por su potencial para reducir la transparencia en los procesos de contratación estatal.
Los primeros acuerdos se firmaron en septiembre de 2022, apenas unas semanas después de la posesión del presidente Gustavo Petro. A partir de esa fecha, se habrían suscrito varios contratos que incluyeron servicios de fotografía y maquillaje en distintos periodos, con montos individuales que alcanzaron los 8.000 y 7.341 millones de pesos.
Los profesionales involucrados y la respuesta institucional
Entre los nombres mencionados en la investigación aparecen el maquillador Fady Javier Flórez y el fotógrafo Mauricio Vélez, quienes habrían estado vinculados contractualmente con la cooperativa Savi y no directamente con RTVC. La entidad estatal respondió a un derecho de petición indicando que estos profesionales estuvieron vinculados en el marco de los contratos celebrados bajo la modalidad de administración delegada.
RTVC señaló en su respuesta que "los servicios se enmarcaron en los contratos suscritos con Savi y se ajustaron a los periodos establecidos", defendiendo la legalidad formal de los procesos.
Denuncia por posibles irregularidades y delitos conexos
El profesor y experto en crimen financiero Juan Carlos Portilla presentó una denuncia ante la Fiscalía en la que advierte posibles irregularidades en el uso de la modalidad de administración delegada. Portilla argumenta que esta figura "al reducir la transparencia y el control sobre la contratación, abre la puerta a posibles indicios de corrupción".
En su denuncia, el experto señala que el análisis tipifica el delito de estafa y se extiende a la evaluación de posibles delitos conexos y responsabilidades administrativas. Portilla menciona específicamente "la posible utilización del nombre y la investidura de la ex primera dama Verónica del Socorro Alcocer García para beneficiar a terceros mediante la contratación pública".
Cadena contractual y convenio interadministrativo
La investigación también revisa un convenio interadministrativo entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y RTVC, a partir del cual se habría estructurado la cadena contractual que permitió estos pagos millonarios. Este aspecto es particularmente sensible porque involucra directamente a entidades del poder ejecutivo.
Los contratos entregados a la cooperativa Savi durante el Gobierno Petro suman casi 23.000 millones de pesos, una cifra que ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad y necesidad de estos gastos en servicios de maquillaje y fotografía.
Contexto de alerta contralora y marco legal
Esta investigación se desarrolla en un contexto donde la Contraloría General ya había alertado sobre un aumento significativo en la contratación directa durante enero de 2026, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías impulsada por el Gobierno de Petro. Esta coincidencia temporal añade otro elemento de preocupación sobre la transparencia en la gestión pública.
La polémica se suma a otros escándalos que han mencionado a Verónica Alcocer en los últimos meses, aunque la ex primera dama ha mantenido un perfil bajo en sus declaraciones públicas sobre estos temas.
