Una jueza federal de Estados Unidos rechazó la solicitud de Meta Platforms de desestimar una demanda presentada por 29 fiscales generales de distintos estados, que acusan a la empresa de diseñar Facebook e Instagram para crear adicción en los niños y de ocultar deliberadamente los daños al público.
Decisión judicial en Oakland
En una resolución dictada en la noche del lunes, la jueza federal de distrito Yvonne González Rogers, con sede en Oakland, California, denegó la moción de Meta para desestimar las demandas basadas en engaño, prácticas desleales y violaciones de la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA).
La magistrada también señaló que Meta no había cumplido con los requisitos de notificación y consentimiento parental establecidos en dicha ley, y dictó sentencia sumaria a favor de los estados en ese aspecto.
Contexto del litigio
La jueza también supervisa un litigio multidistrital relacionado, presentado por más de 2.600 personas, distritos escolares y gobiernos locales, sobre si las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube de Google, Snapchat y TikTok crean adicción en los niños.
Los estados afirmaron que las investigaciones han demostrado que el uso de Facebook e Instagram por parte de los niños podría provocar depresión, ansiedad, insomnio, interferencias en la educación y la vida cotidiana, y autolesiones, incluido el suicidio.
Argumentos de Meta
Meta replicó que los fiscales generales no tienen pruebas de que haya engañado a los consumidores sobre la supuesta adicción que provocan sus plataformas, ni siquiera en el testimonio ante el Congreso de su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg.
La empresa, con sede en Menlo Park, California, afirmó que esto se debe a que la "adicción a las redes sociales" no es un trastorno psiquiátrico reconocido y, por lo tanto, las afirmaciones de que sus plataformas no son adictivas no pueden ser falsas.
Impacto y próximos pasos
Meta y sus abogados no respondieron de inmediato el martes a las solicitudes de comentarios. La decisión permite que el caso continúe, lo que podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la salud mental de los menores.
