Congresista conservador se presenta ante autoridades tras orden judicial
Este jueves, el congresista del Partido Conservador Wadith Manzur se presentó voluntariamente ante las autoridades en Bogotá, luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una orden de captura en su contra. La medida judicial se enmarca dentro de la extensa investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), uno de los casos de mayor repercusión en los últimos años.
Investigación por presunto cohecho impropio
Según información confirmada por fuentes judiciales, Manzur acudió al búnker de la Fiscalía General de la Nación para cumplir con la orden emitida por la Sala de Instrucción del alto tribunal. El político está siendo investigado por el delito de cohecho impropio, relacionado con la presunta aceptación de beneficios a cambio de actuaciones vinculadas a su función como congresista.
La Corte Suprema ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el legislador, dentro de un proceso que involucra a varios funcionarios por supuestamente favorecer la asignación de contratos financiados con recursos públicos destinados a la atención de emergencias en el país.
Entramado de corrupción destapado desde 2024
La investigación forma parte de uno de los procesos judiciales más sonados derivados del caso de la Ungrd, que desde 2024 ha destapado un complejo entramado de corrupción. Este esquema incluye presuntos sobornos y direccionamiento de contratos, con la participación mencionada de congresistas y exfuncionarios del Gobierno.
Una de las pruebas más contundentes presentadas por la Fiscalía corresponde al testimonio de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides Soto. La funcionaria reveló conversaciones de chat mantenidas con Wadith Manzur en 2023, cuando este formaba parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Múltiples legisladores involucrados en el proceso
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no solo dictó medida de aseguramiento contra Wadith Manzur, sino también contra la congresista Karen Manrique. Además, el tribunal acusó a otros tres legisladores y a un exparlamentario por el mismo delito de cohecho impropio.
Según el extenso expediente judicial, los procesados presuntamente aceptaron dádivas consistentes en obras de la Ungrd a cambio de comprometer sus funciones en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para favorecer al Ministerio de Hacienda.
Diseño de red clientelar para asegurar votos
La Corte detalló en su resolución el diseño de una red clientelar destinada a asegurar los votos de las comisiones económicas. Esta operación tuvo como autor intelectual al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien actualmente se encuentra privado de la libertad.
La investigación concluyó que la actuación de Velasco y del exfuncionario Carlos Ramón González buscó garantizar la aprobación de cupos legislativos a cambio de direccionar la contratación estatal hacia los municipios de Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar, utilizando recursos de la Ungrd.
Reuniones sistemáticas para transacción ilegal
Para materializar este desvío de dineros públicos, los parlamentarios sostuvieron reuniones sistemáticas con enlaces del Ministerio de Hacienda y la Ungrd, identificadas como María Alejandra Benavides y Carolina Joya. Estas funcionarias facilitaron la transacción ilegal durante el segundo semestre de 2023, definiendo los montos exactos con los que el Ejecutivo beneficiaría a los legisladores.
Frente a la contundencia del material probatorio, la Corte ordenó la privación de la libertad de Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, congresistas recién reelectos que ahora serán suspendidos de sus cargos legislativos.
Defensas de los acusados
Manzur, quien aseguró su curul en el Senado por el Partido Conservador, negó cualquier vínculo con el exdirector de la Ungrd, Olmedo López. El congresista explicó que las acusaciones en su contra respondían a una estrategia para silenciar su postura como opositor del Gobierno, argumentando que su interés en los proyectos de crédito siempre fue netamente técnico.
Por su parte, Manrique, representante por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz de Arauca, rechazó las afirmaciones sobre la financiación de la guerrilla del ELN con dineros públicos. La legisladora calificó los señalamientos como una mentira infundada que perjudicaba a su departamento y señaló su absoluta confianza en que el avance de las indagaciones demostraría su inocencia frente al desfalco.
Otros legisladores procesados en libertad
La Sala se pronunció en el mismo proceso contra los legisladores Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como contra el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Estos enfrentarán el juicio por cohecho impropio en libertad, a diferencia de Manzur y Manrique quienes recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.
El senador liberal Gallo desestimó enfáticamente los encuentros clandestinos, advirtió que jamás pisó las instalaciones de la entidad de riesgo y concluyó: "Mi teoría es que soy de la oposición, mi teoría es que quieren callarme o quieren amedrentarme, pero no lo van a conseguir".
El caso continúa su curso judicial mientras las investigaciones profundizan en los alcances de este esquema de corrupción que ha conmocionado al país y puesto en evidencia las vulnerabilidades en la gestión de recursos para emergencias.
