Autoridades judiciales y penitenciarias definen lugares de reclusión para legisladores implicados en escándalo de la UNGRD
Las autoridades judiciales y penitenciarias del país han culminado el proceso de coordinación para determinar los lugares específicos de reclusión de los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, quienes deberán enfrentar en detención preventiva el proceso judicial en su contra por el sonado escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Destinos carcelarios establecidos en la capital del país
Tras la exhaustiva coordinación entre la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se estableció de manera definitiva que el congresista Wadith Manzur será recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional ubicada en Bogotá, mientras que la congresista Karen Manrique será trasladada a la reconocida cárcel de mujeres El Buen Pastor, que también se encuentra en la capital colombiana.
Esta importante medida judicial se produce luego de que la Sala Especial de Instrucción ordenara formalmente la detención preventiva de ambos legisladores, en el marco de la investigación por presunto cohecho impropio relacionado con el manejo de recursos públicos. La decisión fue adoptada el pasado 11 de marzo, tras varias sesiones extraordinarias en las que la mayoría de los magistrados votó por llamarlos a juicio por estos graves cargos.
Contexto del caso y alcances de la investigación
El caso forma parte del complejo entramado de corrupción que se investiga actualmente en la UNGRD, una entidad gubernamental clave en la ejecución de recursos para la atención de emergencias y desastres en todo el territorio nacional. Según los documentos de la Corte Suprema, existen elementos probatorios suficientes que indicarían que los congresistas habrían recibido beneficios económicos y contractuales a cambio de influir en decisiones relacionadas con créditos públicos de gran envergadura.
De acuerdo con las investigaciones del alto tribunal, los hechos investigados se remontan específicamente al segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, en su calidad de integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de respaldar operaciones de crédito de interés nacional.
Contraprestaciones documentadas y montos involucrados
En varias reuniones que fueron meticulosamente documentadas por las autoridades, señala la Corte Suprema, se habrían definido contraprestaciones que consistían principalmente en el impulso de contratos y obras de interventoría en tres proyectos específicos de la UNGRD ubicados en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar. Estos convenios, según las estimaciones judiciales, alcanzarían montos cercanos a los 92.000 millones de pesos, cifra que refleja la magnitud económica del presunto delito.
El expediente judicial incluye testimonios clave como el del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien aseguró haberse reunido en varias ocasiones con la congresista Karen Manrique para revisar avances de contratos que, presuntamente, serían direccionados de manera irregular hacia intereses particulares.
Otros implicados y consecuencias institucionales
Además de los congresistas Manzur y Manrique, en el mismo proceso judicial también fueron formalmente acusados los legisladores Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, así como la exsenadora Liliana Bitar. Sin embargo, estos últimos continuarán vinculados al caso en libertad provisional mientras avanza el juicio correspondiente, según determinaron las autoridades judiciales.
La decisión de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario específicamente a Manzur y Manrique responde, según explicó la Corte Suprema, a la necesidad de garantizar su comparecencia al proceso y evitar posibles interferencias en la investigación que aún se encuentra en desarrollo. El escándalo ha tenido repercusiones políticas significativas a nivel nacional, incluyendo la paralización temporal de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, de la cual hacían parte varios de los implicados directos.
Próximas etapas del proceso judicial
Mientras se materializan los traslados a sus respectivos centros de reclusión, el proceso judicial entra en una nueva fase de evaluación probatoria en la que se analizarán minuciosamente todas las pruebas recaudadas por la Fiscalía General de la Nación. El caso sigue avanzando en medio de crecientes cuestionamientos públicos sobre el manejo transparente de los recursos estatales y los mecanismos de control dentro del sistema institucional colombiano.
Las autoridades han reiterado su compromiso con el esclarecimiento completo de los hechos y la aplicación estricta de la justicia, en un caso que ha captado la atención nacional por involucrar a representantes electos del pueblo colombiano en presuntos actos de corrupción que afectan directamente los recursos destinados a la gestión de desastres y emergencias.
