Audiencia aplazada define futuro de exdirector metropolitano y candidatura presidencial
Este viernes 13 de febrero representa un momento crucial no solo para el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, actual candidato a la presidencia de Colombia, sino también para su cercano colaborador Juan David Palacio Cardona. El juez 27 penal con función de control de garantías de Medellín tiene programada para las 2:30 p.m. una audiencia que determinará la medida de aseguramiento contra el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Dos casos paralelos con un mismo delito
Mientras Quintero enfrenta formulación de acusación junto a otras 12 personas por el escándalo de Aguas Vivas -donde se le imputan cargos por peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en contratos y prevaricato por acción-, Palacio enfrenta la misma figura delictiva de peculado pero por un caso diferente. La Fiscalía ha centrado su investigación en presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana que beneficiarían a terceros cercanos al círculo del exalcalde.
El caso específico de Palacio involucra seis contratos interadministrativos firmados entre 2020 y 2021 por más de 18.600 millones de pesos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, bajo la figura de "apoyo a la gestión". Según las autoridades, esta modalidad habría permitido evadir licitaciones públicas y direccionar recursos hacia esta entidad, presuntamente inflando precios para favorecer a personas como Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde.
La conexión familiar y política
Daniel Duque, exconcejal de Medellín y opositor del gobierno de Quintero, explica la importancia estratégica de Palacio: "Juan David Palacio era muy, muy cercano a los Quintero y especialmente al hermano de Daniel Quintero, Miguel Quintero, quien es un tipo muy cuestionado por presuntamente estar al frente de gran parte de los negocios que se desarrollaron durante esa administración".
Aunque Quintero ha intentado distanciarse del nombramiento de Palacio, argumentando que corresponde a los diez alcaldes del Valle de Aburrá, Duque aclara: "El alcalde de Medellín preside la junta directiva del Área Metropolitana y siempre pone el director. Medellín es el municipio núcleo que financia la mayoría de los recursos de esa entidad".
Un patrón de investigaciones
El caso de Palacio se suma a una serie de investigaciones que persiguen a la administración Quintero, incluyendo Aguas Vivas, Buen Comienzo (con presunta apropiación de más de 1.400 millones de pesos) y Metroparques (contrato de 21.000 millones con denuncias de sobrecostos). La veeduría Todos por Medellín documentó más de 500 irregularidades durante esa administración, muchas de las cuales derivaron en procesos judiciales, disciplinarios y fiscales.
En su defensa, los investigados alegan persecución política y mantienen su inocencia. El abogado de Palacio, Andrés López Figueroa, argumentó que su cliente no participó directamente en la firma de contratos porque no era su función, buscando evitar su ingreso a prisión.
Implicaciones políticas inmediatas
La posible prisión de Palacio representaría un duro golpe para el Quinterismo, ya que sería el funcionario de más alto perfil de esa administración en enfrentar medidas carcelarias. Esto ocurre en un momento delicado para Quintero, quien busca la presidencia mientras sortea las consecuencias políticas de los múltiples escándalos de su gestión en Medellín.
Las diligencias contra Palacio han sido particularmente dispendiosas, con tres suspensiones previas debido a extensas argumentaciones tanto de la Fiscalía como de la defensa, que también representa a otras tres personas vinculadas al mismo proceso.
La decisión judicial de este viernes podría marcar un punto de inflexión no solo para el exdirector metropolitano, sino para las aspiraciones presidenciales de quien fuera su principal respaldo político en la región antioqueña.
