Condena y patrimonio: la evolución de los bienes del senador Ciro Ramírez
La Corte Suprema de Justicia declaró culpable esta semana a Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, por su participación en el escándalo de corrupción conocido como 'las marionetas 2.0', imponiéndole una condena de 23 años de prisión. Paralelamente, un análisis de sus declaraciones patrimoniales revela cambios significativos en su situación económica durante los últimos años.
Variación patrimonial en cifras
Según información disponible en la plataforma de Función Pública, el patrimonio líquido declarado por Ramírez experimentó una notable fluctuación:
- 2020: 1.101'286.000 pesos (máximo registrado)
- 2023: 880'027.000 pesos (disminución del 20,09%)
- 2024: 900'512.000 pesos (ligero aumento del 2,33%)
Esta evolución representa una reducción general del 18,23% en su patrimonio líquido entre 2020 y 2024. Sin embargo, existe una brecha informativa crucial: las declaraciones de renta correspondientes a 2021 y 2022, años en los que ocurrieron los hechos por los que fue condenado, no se encuentran publicadas en la plataforma oficial.
Detalles de la condena y situación política
La Sala Especial de Primera Instancia encontró a Ramírez culpable de cohecho propio y concierto para delinquir, relacionados con el direccionamiento irregular de contratos del Departamento de Prosperidad Social durante el gobierno de Iván Duque. Se le acusa de intervenir en la asignación de al menos 15 contratos por aproximadamente 90 mil millones de pesos en cinco departamentos.
El senador fue capturado en diciembre de 2023 y su curul suspendida en febrero de 2024 mediante medida de aseguramiento. No obstante, tras más de un año de detención, recuperó su libertad y retomó sus funciones legislativas, ocupando nuevamente el escaño que había permanecido vacío durante la investigación.
Composición patrimonial detallada
En su declaración más completa (2020), Ramírez reportó:
- Ingresos laborales: 442'014.000 pesos
- Cuenta de ahorros: 80 millones de pesos
- Bienes en Cajicá: casa avaluada en 356 millones, dos vehículos por 79'142.000 pesos
- Cuentas por cobrar: 445'940.000 pesos
- Inversiones: 371'165.000 pesos
El valor total de sus bienes patrimoniales para ese año ascendió a 1.252'247.000 pesos. También declaró deudas por 176'342.000 pesos y participación en cuatro sociedades comerciales.
Evolución posterior y omisiones
Para 2023, su declaración mostró cambios sustanciales:
- Los ingresos totales aumentaron un 83,55% respecto a 2020
- Mantuvo solo una cuenta de ahorros (29'952.772 pesos)
- Reportó un único bien patrimonial: cuentas por cobrar en Bogotá por 970'130.000 pesos
- Las deudas se redujeron a 128'090.000 pesos
- Desapareció la declaración de participación en sociedades
En la declaración de 2024, los ingresos disminuyeron drásticamente a 150'612.000 pesos, manteniendo las cuentas por cobrar en Bogotá (919'737.000 pesos) como principal activo. No declaró inversiones, participaciones societarias ni donaciones que representaran reducciones tributarias.
Contexto familiar y vinculaciones adicionales
Ciro Ramírez es hijo de Ciro Ramírez Pinzón, excongresista capturado por parapolítica en 2011. Su esposa, Lorencita Builes Cardona (hija del exsenador Humberto Builes, también condenado por parapolítica), aparece como titular de cinco propiedades:
- Dos en Bogotá (Barrios Unidos y Usaquén)
- Una casa en Zipaquirá, Cundinamarca
- Dos lotes en Antioquia (Sopetrán y Santo Domingo)
Investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) revelaron que Builes habría sido accionista en dos empresas vinculadas a los Panama Papers: Daria International S.A. y Belo Horizonte Development S.A., entidades asociadas con paraísos fiscales.
Implicaciones y vacíos informativos
La ausencia de declaraciones de renta para 2021 y 2022, período crítico de los hechos condenados, impide un análisis completo de la relación entre las actividades ilícitas y la evolución patrimonial del senador. Esta omisión dificulta establecer correlaciones directas entre los delitos probados y los cambios en su situación económica declarada.
La condena impuesta incluye, además de la pena de prisión, inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por más de 23 años, y una multa equivalente a 19.402,28 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que representa una sanción económica adicional significativa.
