Denuncia presidencial sacude los cimientos institucionales
El presidente Gustavo Petro ha formulado una de las acusaciones más graves en materia de corrupción institucional, señalando que Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, ha ejercido un presunto control mafioso sobre el Estado colombiano durante casi cuatro décadas. Según el mandatario, la captura y extradición de este presunto lavador de actives ha sido sistemáticamente bloqueada por lo que denominó un "filtro delincuencial" integrado por figuras de alto nivel que temen las revelaciones judiciales que podría hacer el detenido.
Vínculos con la política tradicional y la fuerza pública
Petro fue contundente al vincular a sectores de la política tradicional y la fuerza pública con la protección de Marín Buitrago. "Claro que sé de senadores y presidentes y directivos de la DIAN y Aduanas y generales de la policía y expresidentes que temen por sus declaraciones", afirmó el jefe de Estado a través de su cuenta de X. El presidente añadió que algunos incluso intentarían asesinar a Marín si regresa al país, mientras él mismo asegura no tener ningún trato con el acusado más allá de exigir que declare ante la justicia.
Infiltración profunda en organismos de control
El mandatario describe una red de infiltración que se extiende por 38 años dentro de los organismos de inteligencia y control del Estado. Petro aseguró que, a pesar de sus gestiones personales con mandatarios europeos, la burocracia judicial interna habría trabajado activamente en contra del esclarecimiento de la verdad. En una declaración extensa, el presidente detalló el alcance de esta infiltración:
- Marín Buitrago es identificado como contrabandista, lavador de dólares y posible narcotraficante
- Ha infiltrado especialmente a la Policía de la Polfa, la Fiscalía y organismos de investigación
- Utiliza la codicia para comprar individuos dentro del Estado
- Petro implementó blindajes en su campaña presidencial para evitar la entrada de sus dineros
Asimismo, el mandatario denunció que agentes de inteligencia e investigadores habrían participado en un esquema de saqueo a la propia fortuna del contrabandista, desviando recursos que deberían haber sido incautados por el Estado.
Conexión con crímenes violentos y evolución tecnológica
Las acusaciones no se limitan a sobornos y corrupción, sino que se extienden a crímenes de sangre. Petro vinculó esta estructura criminal con el asesinato de Gilberto Calao, exdirector de la DIAN en Tuluá, señalando que nuevas bandas como la de alias El Bendecido están intentando heredar el imperio de Marín. Según el presidente, el método de pago para estas transacciones ilícitas ha evolucionado hacia la tecnología digital para evadir el rastro de las autoridades financieras: "Las transacciones entre funcionarios públicos y grandes contrabandistas las hacen en bitcoin", afirmó, cuestionando la capacidad investigativa de la Fiscalía.
Cuestionamientos a la Fiscalía General
El jefe de Estado cuestionó duramente por qué la Fiscalía General no logró la extradición de Marín Buitrago a pesar de contar con apoyo gubernamental. Petro sugirió un desvío intencionado de la investigación para centrarla exclusivamente en su administración actual, omitiendo deliberadamente el rastro histórico delictivo que se extiende por casi cuatro décadas. Esta crítica se produce en un contexto de tensiones entre el ejecutivo y el organismo investigador.
Advertencia sobre pactos políticos futuros
En el cierre de su intervención, Petro alertó sobre el futuro político del país y cómo esta red criminal estaría buscando blindaje electoral. Según el mandatario, el entorno de Papá Pitufo ya tendría vínculos con figuras que aspiran a la Casa de Nariño en el próximo ciclo electoral. "Ya hay pactos políticos con futuros presidenciables de extrema derecha ligados a la oficina central de conducción de la fiscalía", trinó el presidente, añadiendo que varios de ellos estarían vinculados a la defensa del paramilitarismo.
Esta acusación coincide con revelaciones recientes de exoficiales de la Policía, como el general (r) Juan Carlos Buitrago, quien señaló que durante el gobierno de Iván Duque se habrían frenado operativos de captura contra Marín luego de supuestas mediaciones de figuras políticas y abogados reconocidos. Estas declaraciones escalan la tensión sobre quiénes son los verdaderos responsables de la permanencia de este esquema de contrabando en el país, planteando interrogantes fundamentales sobre la integridad de las instituciones colombianas.
