La gestión de Petro y el saqueo de recursos para desastres
El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta duras críticas por su manejo administrativo y la situación de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según análisis recientes, Petro ha resultado ser un fiasco tanto como gobernante como administrador, dejando al país en una posición vulnerable frente a emergencias como las que actualmente afectan al departamento de Córdoba.
La paradoja de la corrupción en medio de la emergencia
Ni Petro ni los implicados en el saqueo de la UNGRD imaginaron que, al final del gobierno, serían necesarios esos recursos precisamente para lo que está sucediendo en Córdoba. Hoy, sin fondos para ayudar a la población afectada por inundaciones y desastres naturales, el gobierno se ve obligado a decretar una emergencia económica que incluye un polémico impuesto al patrimonio para las empresas.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, conocido como Ávila, pasa a la historia como uno de los peores ministros de todos los tiempos según los críticos. Primero, es considerado un 'yes man' de Petro, aprobando todas las iniciativas presidenciales sin cuestionamiento. Segundo, dejará al país con la deuda más alta de la historia como porcentaje del PIB, además de haber elevado el costo de la deuda a niveles inconsistentes con la calificación de riesgo del país.
El impuesto que ahuyenta la inversión
Colombia requiere inversión extranjera para mejorar el empleo y las condiciones de vida de millones de colombianos que sobreviven en la informalidad o el rebusque. Para atraer esa inversión, el país necesita volverse atractivo para los inversionistas, pero el impuesto al patrimonio representa todo lo contrario. La mayoría de países con los que Colombia compite no tienen este tipo de gravamen, lo que probablemente desviará recursos hacia otras latitudes.
La investigación que avanza lentamente
Actualmente hay ocho congresistas más investigados por los hechos ocurridos en la UNGRD, quienes seguramente terminarán imputados junto con el presidente de la Cámara, el del Senado y los funcionarios que manejaban la entidad al inicio del gobierno. La paradoja es que algunos de estos políticos son oriundos y tienen su caudal electoral precisamente en los departamentos y municipios más afectados por desastres e inundaciones.
No se entiende por qué la Corte Suprema de Justicia se demora en la imputación de cargos a estos congresistas, especialmente cuando están próximos a ser reelegidos. Lo lógico sería que no pudieran participar en las próximas elecciones dada la gravedad de los cargos.
La facilidad del desfalco en la UNGRD
La razón por la cual estos individuos lograron desviar los recursos de la UNGRD radica en la facilidad del sistema. Al tratarse de una entidad que atiende calamidades y eventos catastróficos inesperados, su forma de contratación debe ser ágil: no hay licitaciones públicas y, por ende, existen menos controles. En otras palabras, encontraron en esta entidad una mina de oro para el desfalco.
Entre los carrotanques inservibles, las ollas comunitarias ficticias, las ambulancias y lanchas destinadas a municipios sin acceso a agua, entre otros proyectos fantasmas, lograron saquear sistemáticamente la entidad. Afortunadamente, el robo fue tan descarado que terminaron cayendo el director y varios cómplices, aunque la investigación continúa ampliándose.
Un legado administrativo cuestionable
Petro no logró crear un equipo de trabajo relativamente bueno durante sus cuatro años de gobierno, degradó el cargo de ministro a niveles nunca vistos, batió récords en número de ministros por cartera, y no dejó, en todo su mandato, una sola obra significativa que mostrar, a pesar de haber manejado el presupuesto más grande de la historia colombiana.
El riesgo político en la ayuda a damnificados
Tristemente, los recursos que eventualmente se consigan para ayudar a los damnificados de Córdoba y otras regiones seguramente serán mal utilizados. Estamos a las puertas de unas elecciones en las que el Gobierno quiere mantenerse en el poder y, para lograrlo, está dispuesto a hacer todo lo necesario, lo que complica que las ayudas lleguen efectivamente a quienes las necesitan.
La combinación de corrupción, mala gestión administrativa y decisiones económicas cuestionables ha creado una tormenta perfecta que afecta directamente a las poblaciones más vulnerables del país, aquellas que dependen de la asistencia estatal en momentos de crisis humanitaria.
