Después del escándalo del 'parrandón' vallenato en la cárcel de Itagüí, que expuso violaciones de seguridad y trato preferencial a capos, han salido a la luz nuevos episodios de condescendencias en el sistema penitenciario, esta vez en guarniciones militares. En la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde están recluidos desde Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, hasta Sandra Ortiz, enjuiciada por el saqueo a la UNGRD, y el congresista Wadith Manzur, existe un portafolio de flexibilidades que, según fuentes, son 'robados' los cupos. También se reportan cobros y tráfico de influencias para acceder a este sitio y mantener beneficios.
Beneficios exclusivos en Carabineros
Los internos gozan de domicilios, megavisitas familiares con menores de edad, y hasta mascotas. El rosario de indulgencias incluye dispositivos como celulares y televisores con plataformas de streaming, alimentación a la carta, peluqueros y controles débiles. Abogados defensores se mueven con enlaces políticos para que sus clientes logren 'celda'. Las responsabilidades se pasan entre el Inpec y las Fuerzas Militares.
EL TIEMPO conoció el caso de Luis Eduardo López Rosero, 'El Pastuso', condenado por corrupción de la UNGRD, quien cuando estuvo recluido logró permiso para tener un perro. Tras peleas por la conducta del animal, apareció un certificado de mascota de "asistencia emocional".
Otras denuncias hablan de visitas sin control en el ingreso de elementos prohibidos y grupos numerosos. "Pueden durar toda la tarde o incluso hay casos en los que terminan pasando la noche", agregó un informante. También mencionan el ingreso de estilistas para procesados como Sandra Ortiz, y libre tránsito de personas externas.
Asignación de cupos y alimentación
La asignación de cupos pasa por la revisión del director de la Policía Nacional y su secretario general. El Inpec no gira recursos para la custodia, sino que hace parte de un convenio. La única transferencia es para la alimentación, realizada por la Uspec. Sin embargo, algunos presos no usan ese dinero y piden comidas rápidas a través de plataformas de domicilio, o tienen cocineros propios. Agentes de seguridad recibirían pagos por omitir controles.
Estas comodidades, enquistadas desde hace décadas, son conocidas por el Inpec, que investiga pero rara vez sanciona. Actualmente, 'Epa Colombia' está bajo investigación disciplinaria por uso de celular sin restricciones y dos denuncias: un altercado con Margareth Chacón, condenada por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y por el estacionamiento de un mini cooper morado de una visitante.
También pesan dudas sobre su traslado, solicitado públicamente por el presidente Gustavo Petro. Si bien la defensa radicó una solicitud formal, fuentes cercanas hablan de irregularidades. Dos meses después, sus abogados renunciaron al caso. Su defensa pasó a Darío Rendón, abogado de alias 'Castor', y luego a Robert Cifuentes. 'Epa' atribuye su salida del Buen Pastor a llamadas a "poderosos".
Supuestos cobros para traslados
Otra denuncia gira alrededor de cobros para lograr traslados a Carabineros. Fuentes señalaron que entre abogados se comenta que para conseguir cupo se necesita dinero o intermediación de altos funcionarios o un padrino político con influencias ante el Ejecutivo.
Una guarnición no diseñada como cárcel
El espacio donde permanecen los detenidos es descrito como una casa reducida, con cuatro o cinco habitaciones, adaptada para recibir internos. Allí han pasado exfuncionarios, contratistas, políticos regionales y personas vinculadas a corrupción. La Escuela de Carabineros no fue diseñada originalmente como cárcel, lo que abre preguntas sobre controles y condiciones de custodia.
Un exfuncionario relató que al asumir funciones encontró quejas contra un mayor encargado del sitio. Decidió remover al oficial y reemplazar al grupo de custodia, pero luego el nuevo personal también fue retirado, permitiendo retomar antiguos manejos. "Al parecer, ese personal lo sacaron para poder seguir haciendo los arreglos que ellos querían", afirmó.
Respuesta de la Policía
EL TIEMPO consultó a la Policía, que aseguró que "no tiene la función de custodia directa de personas privadas de la libertad ni la supervisión de sus condiciones de reclusión", responsabilidad que recae en el Inpec. Explicó que la permanencia de detenidos en la Escuela de Carabineros opera bajo la Resolución 02144 de 2020. Frente a posibles irregularidades, indicó que "ante hechos de indisciplina conocidos públicamente, la Policía ha informado al Inpec para que adelante las investigaciones disciplinarias correspondientes". Sobre los presuntos privilegios, reiteró que "el régimen interno y las autorizaciones sobre ingresos, visitas o beneficios son competencia exclusiva del Inpec". Finalmente, enfatizó que "los traslados y asignación de cupos son ordenados por la autoridad judicial".
Este diario consultó al Inpec, pero hasta la publicación no se había obtenido respuesta oficial.
