Procuraduría investiga a ocho funcionarios por millonario contrato de videovigilancia en Bogotá
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación formal contra ocho servidores y exservidores de la Alcaldía de Bogotá por presuntas irregularidades en un contrato multimillonario destinado a la instalación de cámaras de videovigilancia en la capital. Los investigados forman o formaron parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá.
Deficiencias en la planeación del contrato SCJ-1904-2023
Según el análisis preliminar de la Procuraduría, se habrían detectado graves deficiencias en la planeación del contrato identificado como SCJ-1904-2023, valorado en más de 14.300 millones de pesos. Este contrato tenía como objetivo principal implementar un sistema avanzado de reconocimiento de placas vehiculares (LPR) para fortalecer la seguridad ciudadana en Bogotá.
Las fallas identificadas incluyen problemas en:
- La definición precisa de los sitios de instalación de las cámaras.
- La disponibilidad de acometidas eléctricas necesarias para el funcionamiento.
- La gestión adecuada de permisos para intervenir el espacio público.
- La estimación realista del tiempo de ejecución del contrato.
Consecuencias y acciones de la Procuraduría
Estas deficiencias habrían generado retrasos significativos, suspensiones y prórrogas contractuales no previstas, lo que según la Procuraduría podría comprometer seriamente la eficiencia del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos de seguridad.
El Ministerio Público ha ordenado la práctica exhaustiva de pruebas técnicas y documentales, con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, para determinar si estas dificultades eran previsibles desde la etapa inicial de planeación del contrato.
Los investigados y ampliación de la investigación
Los ocho funcionarios sometidos a investigación son:
- Óscar Antonio Gómez Heredia
- César Andrés Restrepo Flórez
- Diana Carolina Zarate Pérez
- Helga Milena Hernández Reyes
- Ada Luz Sandoval Herazo
- Iván Hersayn Pinilla Herrera
- Sandra Milena Santafé Patiño
- Jairo Alonso Bohórquez Blanco
Adicionalmente, la Procuraduría ha dispuesto compulsar copias de los documentos relevantes para iniciar un proceso separado que investigue las presuntas irregularidades en la ejecución misma del contrato, lo que sugiere que el alcance de la investigación podría ampliarse en el futuro.
Este caso representa un nuevo capítulo en los esfuerzos de control institucional sobre la gestión de recursos públicos destinados a seguridad en la capital del país, en un momento donde la videovigilancia se ha convertido en herramienta fundamental para combatir la delincuencia.
