Ante la Procuraduría General de la Nación, el abogado Carlos Mario Patiño presentó una queja disciplinaria contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, al sostener que habría asumido el cargo estando incurso en una causal de inhabilidad legal por parentesco.
Detalles de la acusación
Según la denuncia, durante los doce meses anteriores a las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, el hermano del gobernador, Santiago Rendón Cardona, se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Agropecuario de la Alcaldía de Rionegro, cargo que aún ejerce. Patiño indicó que el mandatario juró en su posesión no tener inhabilidad alguna, lo que, de comprobarse, constituiría una falta gravísima conforme al artículo 56, numeral 1 de la Ley 1952 de 2019.
El abogado afirmó que el gobernador ocultó esta situación a los antioqueños para poder candidatearse, y que de haberse conocido a tiempo, se habría podido demandar la nulidad electoral. “Su elección es espuria”, declaró a Blu Radio, señalando que el plazo de caducidad de treinta días ya venció.
Dos posturas jurídicas
La denuncia sostiene que, según el manual de funciones del municipio, Santiago Rendón actuó como autoridad civil y administrativa en Antioquia dentro del periodo inhabilitante, al ejercer un cargo de nivel directivo. Por su parte, la defensa del gobernador argumenta que su hermano no es ordenador del gasto ni ha ocupado el cargo de secretario.
Patiño añadió: “Lo evidente es que el señor Rendón es el jefe político de la administración de Rionegro desde su alcaldía, y eso explica que su hermano sea subsecretario y que todo se instrumente para favorecer los intereses de la familia Rendón”.
Próximos pasos
La queja ya fue remitida al despacho del procurador Gregorio Eljach, solicitando la apertura de una indagación previa y la recolección de pruebas contractuales y administrativas del municipio de Rionegro. Patiño pidió celeridad e imparcialidad, recordando que por casos similares la Procuraduría ha impuesto sanciones de hasta doce años, aunque la ley contempla un máximo de veinte.
Este caso pone en el centro del debate la transparencia y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los funcionarios públicos en Colombia.
