Las autoridades judiciales del país se pronunciaron contundentemente ante el reproche que el presidente Gustavo Petro hizo a la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de 5 billones de pesos colombianos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones. El mandatario calificó la medida como inconstitucional y un "golpe de estado contra el pueblo constituyente".
Comunicado de la Rama Judicial
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial emitió un comunicado en el que expresó su desacuerdo con las declaraciones presidenciales, señalando que resultan "incompatibles con la necesaria relación armónica que debe existir entre las ramas del poder público". Además, recordó que la Constitución Política establece la facultad del Consejo de Estado para suspender provisionalmente los efectos de actos administrativos, incluidos aquellos del poder ejecutivo.
Legitimidad constitucional del Consejo de Estado
La Comisión validó el trabajo del Consejo de Estado al afirmar que su existencia, competencias y legitimidad tienen origen directo en la Constitución y responden a la voluntad soberana del constituyente. Asimismo, reiteró su compromiso con la defensa del orden constitucional, el respeto a las decisiones judiciales y la autonomía judicial.
Antecedentes de la decisión
El pasado 11 de mayo, el Consejo de Estado suspendió la totalidad del decreto 415 de 2026, expedido el 23 de abril, mediante el cual el Ejecutivo ordenaba a los fondos de pensiones transferir a Colpensiones más de 27 billones de pesos en las siguientes semanas. Esta decisión se suma a una suspensión parcial previa, del 28 de abril, que afectaba a quienes se habían trasladado de fondos privados al público pero aún no se pensionaban.
Argumentos de la demanda
La demanda que busca tumbar todo el decreto sostiene que el Gobierno se extralimitó en sus funciones y violó el principio de confianza legítima de los ciudadanos. La medida más reciente del Consejo de Estado se enfoca en los dineros de quienes ya cumplieron con todos los requisitos de pensión tras trasladarse de un fondo privado a Colpensiones.
La Comisión Interinstitucional espera que las demás ramas del poder público actúen en concordancia con la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos de los ciudadanos.
