Procuraduría y Contraloría destapan presunto saqueo y trashumancia electoral en Guaviare
Saqueo y trashumancia electoral sacuden al Guaviare según control

Escándalo institucional sacude al Guaviare con presuntos delitos electorales y desvío de fondos

Los organismos de control del Estado han puesto al descubierto un complejo entramado de irregularidades que amenaza la transparencia de las próximas elecciones al Congreso en el departamento del Guaviare. La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República han coordinado investigaciones que revelan presuntos casos de saqueo de recursos públicos vinculados con prácticas de trashumancia electoral masiva.

Hospital fantasma: $3.855 millones en el limbo

El centro de la tormenta fiscal se ubica en el Hospital de Primer Nivel Albert Schweitzer de Miraflores, un proyecto valorado en $29.163 millones que presenta un avance físico de apenas el 4% pese a haber vencido su plazo de entrega en octubre de 2025. Según la Contraloría Departamental, de los $5.138 millones girados al Consorcio Hospital Miraflores 3378, únicamente $1.283 millones cuentan con respaldo físico en la obra.

Los hallazgos más alarmantes incluyen:

  • $3.855 millones desaparecidos sin justificación técnica alguna
  • Representación legal del consorcio a cargo de Miguel Ángel Castillo Gaitán
  • Adjudicación del contrato en marzo de 2024 sin competencia real
  • Solicitud formal del Ministerio de Salud para reintegro de fondos

Explosión demográfica electoral: aumentos del 1.540%

Paralelamente al colapso del proyecto hospitalario, la Procuraduría ha remitido al Consejo Nacional Electoral una denuncia formal por presunta trashumancia electoral masiva en las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz. Las cifras registradas en zonas rurales del Guaviare resultan estadísticamente inverosímiles:

  1. Agua Bonita (San José): incremento del 1.540% en inscritos, pasando de 170 en 2022 a 2.789 en 2026
  2. Tierra Alta (El Retorno): salto de 268 a 743 votantes en el mismo período

Asociaciones de víctimas y líderes sociales han señalado directamente al candidato Alejandro Castillo Gaitán, aspirante a la Curul de Paz por ASOPROCACAO, como presunto beneficiario de este movimiento masivo de electores. La conexión familiar resulta crucial: Alejandro es hermano de Miguel Ángel, el contratista investigado por el desfalco al hospital.

Redes de parentesco y poder político

La crisis trasciende lo administrativo para adentrarse en complicadas redes de influencia política. Las investigaciones han conectado al candidato Castillo con su primo, el exgobernador del Guaviare Heydeer Palacio Salazar, figura de peso en el Partido Conservador regional. Esta trama familiar ha generado profundas sospechas sobre el uso de recursos públicos para financiar campañas electorales.

"Guaviare no aguanta más que los recursos de la salud terminen financiando las ambiciones de los mismos apellidos de siempre", declaró un líder de víctimas bajo reserva por seguridad, reflejando el malestar generalizado en el departamento.

Cronología de un descalabro institucional

La secuencia de eventos revela un progresivo deterioro del control institucional:

  • Marzo 2024: Adjudicación del contrato hospitalario al Consorcio Castillo Gaitán
  • Marzo 2025: Ministerio de Salud exige devolución inmediata de recursos
  • Octubre 2025: Vencimiento del plazo contractual con apenas 4% de ejecución
  • Febrero 2026: Procuraduría exhorta al CNE sobre trashumancia masiva

Lo que viene: investigaciones en marcha

La Procuraduría, mediante radicado IUS E-2026-008490, ha presentado formalmente el caso ante el Consejo Nacional Electoral para su investigación exhaustiva. Simultáneamente, la Contraloría realizará traslado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las posibles implicaciones penales del desvío millonario en Miraflores.

El departamento del Guaviare, históricamente afectado por la exclusión y el abandono estatal, espera ahora respuestas contundentes que aclaren el paradero de los recursos de salud y garanticen que las Curules de Paz, creadas específicamente para representar a las víctimas del conflicto, no terminen en manos de quienes hoy son señalados por los organismos de control.