Los otros seis nombres en la acusación por saqueo a la UNGRD: ¿qué avances tiene la Fiscalía?
En la compleja red de negociación criminal de la función pública, como la denominó la Corte Suprema de Justicia en el caso del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aparecen al menos seis nombres adicionales de funcionarios, enlaces legislativos y contratistas que están bajo la lupa de la justicia colombiana.
Los congresistas y la red clientelar
EL TIEMPO reveló en primicia que, en la acusación contra los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, el magistrado ponente solicitó investigar la actuación del representante de las curules de paz Jhon Fredy Núñez Ramos, de la curul de paz de Caquetá.
Según las pruebas recabadas, Núñez Ramos habría encabezado, junto con Manzur, una red clientelar que ejercía presiones indebidas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para acceder a contratos o cuotas burocráticas, a cambio de condicionar su voto en el Congreso.
Jaime Ramírez Cobo: el enlace clave sin imputación
Uno de los nombres más relevantes que aparece en múltiples expedientes relacionados con el escándalo de corrupción es el del exasesor del Ministerio del Interior, Jaime Ramírez Cobo. Él fungió como uno de los enlaces legislativos con las comisiones económicas y, según las investigaciones, habría estado al tanto e incluso tramitado algunas de las recompensas prometidas a los parlamentarios si favorecían al Gobierno.
Fuentes del ente acusador indican que, aunque la Fiscalía lo tiene en el radar y existen pruebas que lo vinculan al caso, aún no ha decidido llamarlo a imputación de cargos, lo que genera interrogantes sobre el ritmo de las investigaciones.
Los enlaces legislativos y testigos clave
En el grupo de enlaces legislativos también destaca la testigo estrella María Alejandra Benavides, quien negoció inmunidad total con la Fiscalía a cambio de delatar los hechos y la matriz de colaboración. En la acusación se menciona a su antecesora, Andrea Ramírez, quien salió a licencia de maternidad en mayo de 2023.
Fue durante los meses siguientes, bajo la dirección de Benavides, cuando se desarrollaron las reuniones en las que se pactó el acuerdo criminal. Sin embargo, fue Ramírez quien le dio a Benavides las instrucciones para facilitar el concepto favorable de los créditos de la Nación en el Congreso.
Otros implicados en la coordinación
Otro de los mencionados es Kevin Fernando Henao, exasesor de Luis Fernando Velasco, quien habría participado en la coordinación de las citas en el Ministerio de Hacienda donde se acordaron proyectos por más de 92.000 millones de pesos, financiados con recursos de la UNGRD, que se les prometieron a los congresistas.
Asimismo, aparece Juan José Oyuela, exdirectivo de operación y ejecución del Invías, otra entidad que habría sido utilizada para comprar el voto de los parlamentarios. La Fiscalía lo tiene presente en las nuevas etapas del macroproceso, luego de que Benavides lo señalara como quien llevaba las tablas en esa entidad con el número de proyectos direccionados a cada congresista.
Funcionarios y familiares involucrados
Finalmente, Diana Carolina Joya, exasesora de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y uno de los artífices del entramado corrupto, sobre quien —según fuentes del ente acusador— no habría suficientes pruebas para imputarla.
Como altos funcionarios, el exministro de Hacienda Diego Guevara aparece en los chats que entregó Benavides, donde se le mantenía al tanto del avance de las negociaciones ilegales con los congresistas y el quórum legislativo para el sí de la Comisión a los empréstitos.
El sexto salpicado es Gustavo González Ruiz, esposo de la representante de las curules de paz Karen Manrique, quien junto con Wadith Manzur fue enviada a la cárcel por la posibilidad de influir en el proceso penal. González Ruiz fue enlace regional en Arauca y contratista de uno de los proyectos que se acordó direccionar ilegalmente para el municipio de Saravena. La Fiscalía lo tiene en la mira, pero está pendiente el llamado a imputación.
Avances y medidas de la Fiscalía
El ente acusador ha imputado y solicitado medida de aseguramiento contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla (hoy presos), así como contra Carlos Ramón González y César Manrique, ambos prófugos. También acusó a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz y logró preacuerdos con al menos cinco implicados del primer eslabón de la matriz de colaboración, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Estos avances contrastan con la situación de los seis nombres adicionales mencionados en la acusación, cuyos procesos aún están en etapas preliminares, lo que refleja la complejidad y extensión de esta red de corrupción que ha sacudido al país.
