Fiscalía vincula a presidente de Hocol en caso de tráfico de influencias de Ricardo Roa
Durante una audiencia judicial de aproximadamente una hora este miércoles, la fiscal Claudia Garrido presentó su teoría sobre el supuesto tráfico de influencias que habría cometido Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, para adquirir un lujoso apartamento en Bogotá a un precio significativamente inferior al valor comercial. En el desarrollo de la audiencia, donde el alto funcionario se declaró inocente, la investigadora mencionó nombres previamente conocidos como el del vendedor del inmueble, el policía retirado Juan Guillermo Mancera, pero también destacó la participación de un tercer implicado en el caso.
Luis Enrique Rojas: el eslabón clave según la Fiscalía
La fiscalía identificó a Luis Enrique Rojas, quien se desempeñaba como presidente de Hocol -filial de Ecopetrol dedicada a exploración y producción de hidrocarburos- como el tercer actor en este presunto esquema de corrupción. Según la exposición de la fiscal Garrido, Rojas habría recibido instrucciones directas de Ricardo Roa hace aproximadamente dos años para favorecer a Juan Guillermo Mancera con oportunidades de negocio dentro de la empresa petrolera.
"Usted, de manera indebida utilizó su posición de presidente de Ecopetrol para solicitarle a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, beneficiar a Juan Guillermo Mancera con oportunidades de negocio en Hocol", declaró la fiscal durante la lectura de la imputación contra Ricardo Roa, quien anteriormente fungió como gerente de campaña del presidente Gustavo Petro durante las elecciones de 2022.
Los encuentros y el contrato cuestionado
El primer encuentro documentado donde supuestamente se habría dado esta instrucción ocurrió el 20 de agosto de 2024 en el restaurante Flora, ubicado en una zona exclusiva de Bogotá. Según la investigación, Roa habría solicitado específicamente que se direccionara un contrato hacia la empresa Gaxi ESP, propiedad de Mancera. Reuniones posteriores en septiembre y octubre del mismo año habrían reforzado esta solicitud.
El negocio en cuestión consistía en otorgarle a Gaxi ESP el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena, el cual finalmente fue suspendido en abril de 2025 debido a nuevas solicitudes de la petrolera estatal. La investigación sugiere que existió un intercambio de favores: Mancera habría vendido su apartamento en el exclusivo barrio Chicó por 1.800 millones de pesos, un 34% menos de su valor comercial estimado en 2.727 millones, a cambio de obtener el contrato con Hocol.
Perfil del tercer implicado
Luis Enrique Rojas, ingeniero de petróleos originario del Meta con más de tres décadas de experiencia en el sector de hidrocarburos, asumió la presidencia de Hocol en mayo de 2024. Su mandato tenía como objetivo principal potenciar aspectos del sector del gas que requerían mejoras. Sin embargo, según la investigación fiscal, menos de un mes después de asumir el cargo ya se encontraba en el restaurante Flora recibiendo las instrucciones de Ricardo Roa.
Rojas se habría distanciado posteriormente de Ecopetrol debido a irregularidades que detectó en ciertos manejos administrativos, según reveló en una carta divulgada por el medio La Silla Vacía el año pasado. En dicho documento, el ingeniero afirmó haber advertido sobre estas situaciones a diversas personas, incluyendo al propio Ricardo Roa.
El ex presidente de Hocol trabajó en la compañía hasta abril de 2025 y, ante los problemas identificados, negoció que se mantuviera su esquema de seguridad hasta mediados de ese año. En su carta, Rojas hizo una revelación impactante: "Antes de mi salida de Hocol mi celular daba señales claras de que estaba intervenido. Le pedí el favor a unos contactos de inteligencia de una entidad del Estado y ellos, utilizando los elementos tecnológicos adecuados, me confirmaron que mi celular estaba intervenido".
Interrogantes pendientes
Durante la imputación a Ricardo Roa, la fiscal Claudia Garrido no especificó en qué calidad procesal se encuentra Luis Enrique Rojas dentro de esta investigación. El caso ha salpicado principalmente a Juan Guillermo Mancera como el beneficiario directo de la presunta contratación irregular, mientras que el rol exacto de Rojas permanece como uno de los aspectos por dilucidar en el desarrollo del proceso judicial.
La audiencia dejó en evidencia las complejas relaciones entre altos funcionarios de empresas estatales y ex miembros de la fuerza pública, planteando serias preguntas sobre los mecanismos de control y transparencia en las contrataciones de las empresas públicas colombianas.
