En el marco de la audiencia de acusación contra César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, y otros siete procesados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se reveló que tres de los implicados están en conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para alcanzar preacuerdos y principios de oportunidad que les otorgarían beneficios judiciales.
¿Quiénes son los procesados que negocian?
Se trata de Édgar Eduardo Riveros Rey, Ana María Riveros Barbosa y Sonia Rocío Romero Hernández, quienes se desempeñaban como contratistas y actualmente adelantan acercamientos con el ente acusador dentro del proceso penal. Ante esta situación, la juez del caso determinó realizar una ruptura procesal para las futuras diligencias relacionadas exclusivamente con estos tres procesados. La audiencia de verificación de acuerdos fue programada para el próximo 24 de julio.
Otros investigados en el caso
Dentro del mismo proceso también son investigados el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo; el asesor de la Dirección de la Función Pública Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la UNGRD Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
Según la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que César Manrique Soacha habría gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. A cambio de intervenir en esa gestión, el exdirector de Función Pública habría solicitado que los contratos derivados de esos recursos fueran adjudicados a oferentes específicos previamente definidos.
Presuntos sobrecostos en carrotanques
La investigación también señala que los demás implicados habrían participado en el presunto direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, el suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potable y diferentes interventorías asociadas a esos proyectos. Uno de los principales focos de la investigación corresponde al contrato firmado en octubre de 2023 para el suministro de carrotanques destinados a transportar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira. Ese contrato fue suscrito por 29.000 millones de pesos con la Corporación Mixta Yapurutú. Según la Fiscalía, en dicho proceso contractual fueron detectados presuntos sobrecostos por 11.114 millones de pesos.
