ONU revela cifra alarmante: 972 defensores asesinados en Colombia en última década
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia presentó este jueves un informe devastador que documenta 972 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos entre los años 2016 y 2025. Esta cifra representa un promedio cercano a 100 muertes anuales, manteniendo al país como uno de los contextos más peligrosos del mundo para ejercer la defensa de derechos fundamentales.
Patrones de violencia persistentes y respuesta institucional limitada
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó con contundencia: "Es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos". El informe identifica la persistencia de patrones de violencia que no han sido revertidos, a pesar de reconocer medidas adoptadas por el actual Gobierno.
Entre las acciones positivas mencionadas se encuentran el reconocimiento público de la situación, la apertura de espacios de diálogo con organizaciones sociales, la adopción de acciones preventivas en casos urgentes y el desarrollo de una política nacional específica. Sin embargo, el documento advierte que "las instituciones estatales en general no han podido revertir las tendencias y patrones de violencia" contra esta población.
Período crítico: 410 asesinatos entre 2022 y 2025
El análisis detalla que entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 fueron asesinadas 410 personas defensoras. En este mismo período se registraron 2.018 casos de amenazas y ataques, aunque el informe aclara que esta cifra corresponde solo a una fracción de la magnitud real debido a la ausencia de un sistema unificado de información.
El documento sitúa a Colombia en un punto de inflexión crítico, señalando que sin una agenda estatal clara en prevención, protección, investigación y atención de causas estructurales, la violencia continuará. Esta evaluación se articula con la evolución posterior a la firma del Acuerdo de Paz de 2016, tras la cual se registró un aumento gradual de los asesinatos.
Impacto desproporcionado en comunidades indígenas y causas estructurales
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el impacto desproporcionado en comunidades indígenas, que representaron el 23% de las víctimas, pese a constituir apenas el 4,7% de la población total del país. También se documentan afectaciones significativas a comunidades afrodescendientes, campesinas, juntas de acción comunal, líderes ambientales, defensoras, personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género y líderes políticos.
La tendencia violenta se relaciona directamente con conflictos armados en zonas previamente controladas por las FARC-EP, donde el Estado ha tenido dificultades para consolidar presencia institucional. A esta situación se suman dinámicas asociadas a economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y la trata de personas.
Responsables y recomendaciones urgentes
En relación con los perpetradores, el informe indica que más del 70% fueron identificados como actores armados no estatales, lo que refuerza la relación entre violencia contra defensores y disputas territoriales en zonas con presencia de economías ilegales.
El documento plantea recomendaciones orientadas a consolidar políticas públicas, implementar reformas institucionales e impulsar investigaciones penales efectivas, con el objetivo de desmantelar estructuras responsables y prevenir la impunidad. Türk enfatizó: "Además de garantizar la rendición de cuentas por los asesinatos ocurridos, abordar las causas estructurales de esta tragedia humana con un enfoque integral debe ser la prioridad".
Limitaciones operativas de la oficina de la ONU
El informe también advierte sobre limitaciones operativas de la Oficina de la ONU en Colombia, derivadas de recortes presupuestales implementados en 2025. Esta situación ha reducido significativamente la capacidad de despliegue en zonas de alto riesgo, afectando tanto el monitoreo de casos como la respuesta a solicitudes urgentes de comunidades vulnerables.
La documentación presentada constituye un llamado urgente a la acción coordinada del Estado colombiano, organismos internacionales y sociedad civil para proteger efectivamente a quienes defienden los derechos humanos en todo el territorio nacional.
