Periodistas denuncian acoso judicial de Hollman Morris contra denunciante de acoso en RTVC
Acoso judicial de Hollman Morris contra denunciante en RTVC

Periodistas se movilizan contra el acoso judicial de Hollman Morris hacia denunciante

Un grupo de periodistas y escritoras que forman parte de la iniciativa #NoAlPactoDeSilencio se ha articulado nuevamente para manifestarse en contra de la intimidación y el acoso judicial ejercido por el director de RTVC, Hollman Morris, contra una de sus denunciantes, la joven Lina Castillo. Esta acción colectiva busca visibilizar un caso que, según las denunciantes, evidencia graves fallas en el sistema de justicia colombiano frente a situaciones de violencia de género.

Los antecedentes del caso: una denuncia de 2019

Como se ha documentado previamente, Lina Castillo denunció a Hollman Morris en 2019 por comportamientos acosadores y racistas cuando él era su jefe en el Concejo de Bogotá. Desde ese momento, Castillo ha enfrentado múltiples formas de revictimización, incluyendo una acusación por injuria y calumnia presentada por Morris. La Fiscalía decidió imputar cargos y adelantar un proceso que, según las periodistas, criminaliza a Castillo por ejercer su derecho al escrache, un derecho que ha sido ratificado en varias oportunidades por la Corte Constitucional de Colombia.

En julio de 2025, el medio Volcánicas reveló que Castillo presentó pruebas concretas para respaldar su denuncia, las cuales no fueron revisadas adecuadamente por la Fiscalía. Además, la entidad decidió enfrentarla de manera revictimizante contra Morris, uno de los funcionarios más poderosos del país. La Fiscalía ha admitido públicamente una falencia grave: la falta de perspectiva de género en el tratamiento del caso, lo que genera un riesgo significativo de impunidad y debilita la confianza en las instituciones.

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Conflictos de interés y falta de transparencia en RTVC

La situación se complica aún más con las revelaciones de Cuestión Pública, que ha documentado que la abogada de Morris en este caso, Claudia Cristancho, mantiene contratos por más de 400 millones de pesos con RTVC. Esto plantea un aparente conflicto de interés, ya que entre sus funciones se incluye presentar demandas y hacer seguimiento a pleitos judiciales en el Sistema de Medios Públicos, incluyendo procesos contra personas acusadas de difamación contra RTVC en redes sociales.

Además de representar a Morris y a RTVC de forma indistinta, Cristancho ha sido contratada por la entidad para elaborar la política de género de la organización. Esto genera serias dudas sobre las garantías que tendrán las personas que deseen presentar denuncias dentro del sistema de medios públicos. ¿Cómo puede una abogada involucrada en un caso de acoso judicial contra una denunciante diseñar políticas para prevenir la violencia de género? Esta ironía subraya la urgencia de reformas estructurales en las instituciones.

Historial de problemas de género en RTVC

En 2022, Volcánicas publicó un reportaje con testimonios de oyentes y empleadas que relataban incidentes machistas, acoso y comportamientos inapropiados por parte de productores, coordinadores y locutores de RTVC. En ese momento, se denunció la falta de medidas y protocolos para atender violencias basadas en género al interior de la organización, así como la impunidad reiterada y la revictimización de las denunciantes. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de una política de género robusta y transparente, lejos de conflictos de interés.

Nuevos desarrollos y exigencias de justicia

Recientemente, la Fiscalía anunció que el caso pasa a la Fiscalía 3 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde supuestamente se aplicará un enfoque de género. Sin embargo, las periodistas y defensores de derechos humanos consideran que esto no es suficiente. Exigen que la nueva fiscal solicite una medida de precaución para que cese el acoso judicial contra Lina Castillo, argumentando que defender su derecho a la denuncia es defender la libertad de expresión de todas las mujeres en Colombia.

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Este caso no solo pone en evidencia las fallas en la justicia colombiana frente a la violencia de género, sino que también cuestiona la integridad de las instituciones públicas y la protección de los derechos fundamentales. La movilización continúa, con un llamado a la transparencia, la justicia y el fin de la impunidad en casos de acoso y discriminación.