Comunicado de más de 40 profesionales denuncia presiones contra mujeres que acusan a Hollman Morris
Un grupo compuesto por más de 40 periodistas, escritoras y abogadas de reconocida trayectoria en Colombia ha publicado un contundente comunicado donde denuncian lo que califican como un patrón sistemático de acciones destinadas a silenciar a mujeres que han realizado acusaciones de acoso sexual contra Hollman Morris, actual director del Sistema de Medios Públicos RTVC.
El caso de Lina Castillo como ejemplo emblemático
El documento, firmado por destacadas figuras como María Jimena Duzán, Jineth Bedoya Lima y Catalina Ruiz-Navarro, presenta el caso específico de Lina Castillo como ejemplo representativo de lo que denominan una estrategia de intimidación y desgaste judicial. Castillo, militante de Colombia Humana, denunció públicamente en 2019 a Morris por comportamientos de presunto acoso durante su trabajo en el entorno del Concejo de Bogotá.
Según las firmantes, tras hacer públicas sus acusaciones, Castillo fue demandada por el hoy gerente de RTVC por los delitos de injuria y calumnia, en un proceso judicial que continúa desarrollándose actualmente y que, según su perspectiva, ha terminado por revictimizar a la denunciante en lugar de garantizar condiciones adecuadas para presentar su caso.
Testimonios y presuntas conductas inapropiadas
El caso de Castillo ha estado rodeado de controversia desde sus inicios. Según su testimonio detallado:
- Morris le habría hecho comentarios de connotación sexual durante reuniones laborales
- Habría realizado contactos físicos no consentidos en espacios compartidos
- Habría hecho insinuaciones sobre su apariencia física en múltiples ocasiones
Recientemente, estas versiones han recibido apoyo adicional con el testimonio de una excolaboradora de Morris, quien aseguró haber presenciado personalmente comportamientos inapropiados hacia Castillo, incluyendo comentarios sexuales explícitos y actitudes que describió como "asfixiantes" dentro del entorno laboral compartido.
Presuntas tácticas de intimidación en el proceso judicial
El comunicado también recoge denuncias específicas sobre lo que consideran formas de intimidación durante el proceso judicial. Según las firmantes:
- Morris habría asistido a audiencias acompañado de personal de RTVC
- En algunas ocasiones habría llegado con equipos de grabación del sistema público
- En audiencias virtuales habría utilizado el logo institucional de RTVC
Estas acciones son interpretadas por las denunciantes como un uso indebido del poder mediático e institucional en un proceso de carácter estrictamente personal, generando una asimetría de poder que consideran inaceptable en un contexto judicial.
Cuestionamientos desde múltiples sectores
Las críticas no se han limitado al ámbito periodístico. Desde el sector político, la representante Jennifer Pedraza ha cuestionado públicamente el posible uso de recursos públicos en medio del proceso judicial contra Castillo. Simultáneamente, numerosas periodistas han advertido sobre el riesgo real de que el poder institucional sea utilizado para intimidar a quienes deciden denunciar situaciones de acoso y violencia de género.
El problema estructural del miedo a denunciar
El documento pone especial énfasis en un aspecto estructural de profunda preocupación: el miedo generalizado a denunciar que enfrentan las mujeres en Colombia. Según las firmantes, muchas mujeres optan por el silencio ante el temor fundado de represalias laborales, judiciales o personales, lo que perpetúa ciclos de impunidad en casos de violencia basada en género.
Las profesionales firmantes cuestionan específicamente que la Fiscalía General de la Nación haya avanzado en el proceso penal contra la denunciante, argumentando que esta acción contraviene estándares constitucionales que reconocen la importancia fundamental de la denuncia pública en casos de violencia de género y acoso sexual.
Este caso ha avivado el debate nacional sobre las complejas intersecciones entre poder, género y libertad de expresión, planteando preguntas urgentes sobre cómo las instituciones deben responder cuando figuras públicas enfrentan acusaciones de esta naturaleza y cómo garantizar que los sistemas judiciales no se conviertan en instrumentos de revictimización.
