Amnistía venezolana genera dudas sobre su alcance real
El Parlamento de Venezuela tiene previsto debatir este jueves la aprobación de una ley de amnistía general, una iniciativa que según expertos y familiares de presos políticos tendrá un alcance mucho más limitado de lo anunciado, excluyendo potencialmente a la mitad de los detenidos por motivos políticos.
Iniciativa bajo presión internacional
La ley es promovida por Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar estadounidense. Rodríguez gobierna bajo presión directa de Washington y ya inició un proceso de excarcelaciones previo a la propuesta de amnistía, que en teoría debe abarcar los 27 años del chavismo en el poder.
"No va a ser la mejor ley, creo que todavía hay muchas cosas que mejorar", advirtió a la AFP una fuente con conocimiento de las negociaciones entre el chavismo y la minoritaria oposición, que se extenderán hasta poco antes del inicio de la sesión parlamentaria.
Obstáculos en el debate legislativo
La directiva del Parlamento convocó la sesión del jueves para las 16:00 hora local (15:00 hora colombiana), un horario tardío e inusual. El único punto de la agenda es la "continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de Amnistía para la Convivencia Democrática".
Aunque el partido de gobierno tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, un puñado de opositores logró trabar el primer debate. "Quieren que la ley salga por consenso", señaló la fuente bajo anonimato.
Problemas en la redacción legal
El proyecto de 13 artículos es más vago que borradores anteriores que circularon. El debate de la semana pasada se trancó específicamente en el artículo 7, que indica que la amnistía abarca "a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos" durante los 27 años del chavismo.
La oposición objetó el final de la redacción que exige que la persona "esté a derecho o se ponga a derecho", es decir, que se presente ante los tribunales venezolanos para determinar si aplica la amnistía. Esta exigencia genera dudas sobre cómo afectará a opositores en el exilio, considerando que la justicia venezolana ha sido señalada repetidamente de servir al chavismo.
Negociaciones de última hora
El artículo 8 enumera los hechos específicos que cubre la amnistía, incluyendo:
- El golpe de Estado a Hugo Chávez
- La huelga petrolera de 2002
- Las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024
Los críticos argumentan que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones. Una reunión negociadora está prevista para el mismo jueves antes de la sesión parlamentaria.
"No tenemos interés en retrasar la ley", dijo el diputado opositor Pablo Pérez. "Queremos que haya una ley que de verdad cumpla los parámetros de lo que es una ley de amnistía".
Protestas y huelga de hambre
El gobierno interino anunció el inicio de un proceso de excarcelaciones el 8 de enero. Desde entonces, decenas de familiares acampan frente a las cárceles con la esperanza de que sus presos políticos salgan en libertad.
Según la ONG Foro Penal, ya han sido liberadas 448 personas, aunque recibieron libertad condicional. Los activistas hacen hincapié en que la amnistía debe conceder libertad plena, no condicional.
Un grupo de 10 mujeres inició el 14 de febrero una huelga de hambre a las afueras de los calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7. Cuatro de ellas persistían hasta la noche del miércoles exigiendo la liberación de sus familiares.
El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometió la libertad de esos presos en una visita hace dos semanas. Desde entonces, 17 fueron excarcelados.
Presión estadounidense
El debate parlamentario sigue a la visita de horas a Caracas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, quien se reunió con Rodríguez y sus ministros de Defensa e Interior.
Los líderes "reiteraron el compromiso de los Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera", según un comunicado estadounidense. Rodríguez ya cedió a Washington control del petróleo y avanza en la reanudación de las relaciones bilaterales, rotas en 2019.
La situación refleja la compleja transición política venezolana, donde una amnistía que prometía reconciliación nacional enfrenta ahora críticas por su posible exclusión de numerosos presos políticos, generando desconfianza entre familiares y organizaciones de derechos humanos que llevan años exigiendo justicia.
