Asesinatos de defensoras en Colombia aumentan un 176% en 2025, según la Defensoría del Pueblo
Varias transformaciones han marcado recientemente la vida de Yamile Roncancio. Siempre estuvo habituada a que su labor como litigante, enfocada en buscar justicia frente a agresiones de género, le acarreara represalias, críticas e incluso venganzas personales. Sin embargo, esta ocasión ha sido distinta. Un caso destinado a salvaguardar los derechos de dos menores en Bucaramanga desató una tormenta de consecuencias, y como retaliación, enfrentó estigmas y una investigación disciplinaria dentro de la Rama Judicial. Ahora, no solo su nombre se ha convertido en blanco de agresiones, sino también su título profesional de abogada.
Pero este no es un incidente aislado. Al igual que Roncancio, decenas de mujeres han expresado, según el Ministerio del Interior, sentimientos de desprotección o temor al ejercer su trabajo en defensa de derechos. Algunas sufren amenazas directas, mientras que otras ven cómo sus familias, patrimonio o vidas son atacadas debido a su compromiso social.
Vacío institucional en la protección de defensoras
En Colombia, existen al menos 50 decretos, sentencias o leyes que permanecen inactivos en los archivos del Estado, diseñados para abordar las violencias contra quienes defienden a otras mujeres. Una de las iniciativas más significativas surgió en 2018 con la creación del Programa de Garantías para Mujeres Defensoras y Lideresas, que busca coordinar 33 entidades estatales con organizaciones sociales para prevenir y proteger a estas mujeres, desde lideresas ambientales en zonas rurales hasta litigantes amenazadas en ciudades principales.
No obstante, su progreso ha sido calificado como "desalentador" por Jennifer Cordón, coordinadora en Sisma Mujer. "La articulación interinstitucional y el desconocimiento de la norma han minado el objetivo de garantizar una protección real", afirma Cordón.
Mientras los esfuerzos legislativos intentan materializarse, muchas defensoras continúan experimentando inseguridad en su labor. Juliet Gómez, cofundadora de la Colectiva Justicia Mujer, explica que ha sentido temor al representar judicialmente a víctimas de violencia de género, considerando que su trabajo atrae riesgos significativos. "Colombia es el país más peligroso para defender los derechos humanos. Aproximadamente el 30% de esas agresiones son contra mujeres, y el 75% de las defensoras no encuentran respuestas efectivas ante sus denuncias", detalla Gómez.
Doble riesgo y formas de agresión
La Defensoría del Pueblo ha señalado que las mujeres defensoras enfrentan un doble riesgo al reclamar derechos: primero, por confrontar violencias estructurales, y segundo, por el hecho de ser mujeres que trascienden roles domésticos tradicionales. La entidad ha identificado que las repercusiones contra ellas se manifiestan de múltiples maneras, incluyendo amenazas, agresiones físicas y delitos de alto impacto como violencia sexual, desplazamientos forzados o asesinatos.
Casos como el de Martha Polanco, defensora de familia del ICBF en Santander de Quilichao (Cauca), ilustran esta realidad. Durante una audiencia de conciliación, escuchó cómo el abogado de la contraparte comentó: "Doctora, usted me excita". Claudia Quintero, directora de la Fundación Empodérame, quien ha defendido a víctimas durante los últimos 12 años, afirma: "En un Estado social de derecho, deberíamos ser protegidas por el Estado. Pero en la práctica, nos cuidamos nosotras mismas. Esto implica convertirnos en personas incómodas, y aún se castiga a las mujeres por denunciar, liderar y ocupar espacios públicos que históricamente se nos han negado". Quintero también ha tenido que convivir con amenazas debido a su género y color de piel.
Soledad y resistencia en la defensa de derechos
La combinación de defender derechos y enfrentar amenazas ha creado una situación que Sara Jaramillo, jurista que litiga en Medellín contra la trata de personas, describe como "una pelea con las uñas". "Hacemos esto por amor a la defensa de derechos, pero desde una posición de mucha soledad. Solo buscamos que defender no implique una sentencia de muerte", asegura Jaramillo. "Existe una apatía social mezclada con misoginia que nos obliga a enfrentar consecuencias y ser juzgadas con un doble rasero. La solidaridad entre mujeres es nuestra única defensa".
A pesar del miedo, el trabajo continúa. Yamile Roncancio, quien ha representado a víctimas de feminicidio y logrado 50 sentencias condenatorias, sostiene que buscar justicia es un proceso costoso y prolongado que debe llevarse hasta las últimas instancias, para no fallar a quienes depositan su esperanza en encontrar reparación o verdad. Incluso destaca que defender a otras mujeres conlleva más costos que beneficios, cambiando constantemente su domicilio para estar cerca de las víctimas y buscando recursos para mantener su fundación, Justicia para Todas. "Hay jornadas de hasta 15 horas diarias. No lo vemos como un sacrificio, pero no creo que Colombia valore suficientemente a las defensoras de derechos", afirma Roncancio.
Causas tristes pero no perdidas
Todas las defensoras entrevistadas coinciden en que, si pudieran volver al pasado, elegirían exactamente el mismo camino de defender a otras mujeres. Este medio intentó contactar al Ministerio de Justicia para conocer las acciones emprendidas para revertir esta violencia, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Su labor, comentan, no es una vocación que pueda ser abandonada, y a pesar de los riesgos, hay historias que merecen ser celebradas. Cada lucha emprendida significa una familia que recupera sus derechos o una mujer que encuentra protección.
"A mí me salvaron las mujeres, y lo siguen haciendo. Cuando el miedo o el cansancio amenazan con desbordarlo todo, allí están. Entre mujeres podemos construir protección, conciencia y resistencia", concluye Claudia Quintero, reflejando el espíritu de resiliencia que caracteriza a estas defensoras en un contexto de creciente violencia.
