Concejo de Bogotá aprueba polémica 'Ruta por la Vida' que obstaculiza el acceso al aborto legal
Bogotá aprueba 'Ruta por la Vida' que dificulta aborto legal

Concejo de Bogotá aprueba polémica 'Ruta por la Vida' que obstaculiza el acceso al aborto legal

El Concejo de Bogotá ha dado luz verde al Proyecto de Acuerdo 340, una iniciativa que establece lo que sus promotores denominan la 'Ruta por la Vida'. Este proyecto, impulsado por la concejala Clara Sandoval y respaldado por sectores antiderechos, introduce un nuevo obstáculo para las personas que buscan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la capital colombiana.

Detalles del proyecto y críticas por inconstitucionalidad

Según sus defensores, la medida busca garantizar 'información completa, clara y oportuna' a las gestantes. Sin embargo, expertos y activistas de derechos humanos argumentan que esto ya está contemplado en las sentencias de la Corte Constitucional, que reconocen el aborto como un derecho en Colombia desde 2006. La 'Ruta por la Vida' no es simplemente redundante; en la práctica, establece una serie de barreras diseñadas para dificultar el acceso al aborto, lo que la hace potencialmente inconstitucional.

El proyecto añade un paso adicional en el proceso, donde se debe informar a las personas gestantes sobre opciones como la adopción y el 'derecho a la vida', sin considerar adecuadamente el proyecto de vida de quienes deciden abortar. De manera preocupante, la ruta incluye atención especial para embarazos en edades tempranas, madres solteras y pacientes con antecedentes de trauma, grupos que, según la causal de salud mental, tienen derecho a abortar. Esto institucionaliza, a través de la Secretaría de la Mujer, un mecanismo para manipular a mujeres, niñas, hombres trans y personas no binarias que han ejercido su derecho a decidir.

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Apoyo político y próximos pasos

El proyecto fue aprobado en plenaria por 19 concejales de diversos partidos, incluyendo el Partido Liberal, el Centro Democrático, el Nuevo Liberalismo, la Alianza Verde, Bogotá Más Fuerte, el Partido Ecologista Colombiano y el MIRA. Ahora, solo falta la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán, lo que se presenta como una prueba crucial para evaluar su compromiso con la Constitución y los derechos humanos.

Si Galán da su visto bueno, es probable que la 'Ruta por la Vida' enfrente desafíos legales por inconstitucionalidad, pero no sin antes reforzar prejuicios y prácticas de revictimización que ya son barreras significativas para el acceso al aborto. En Colombia, el aborto es libre hasta la semana 24 y, en el tercer trimestre, bajo tres causales: salud de la persona gestante, malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y violación.

Alerta ciudadana y llamado a la acción

La aprobación de este proyecto antiderechos en el Concejo de Bogotá representa una alerta para la ciudadanía, destacando la necesidad de vigilar políticas que puedan erosionar derechos fundamentales. Quienes requieren un aborto, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad, necesitan atención oportuna, profesional y libre de estigmas, no una 'formación educativa' que promueva la maternidad forzada.

Este caso subraya la importancia de defender los avances en derechos sexuales y reproductivos, asegurando que las leyes y políticas públicas respeten la autonomía y dignidad de todas las personas.

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