Corte Constitucional de Ecuador ordena disculpas públicas por asesinato de cuatro menores por militares
Corte de Ecuador ordena disculpas por asesinato de menores

Corte Constitucional de Ecuador ordena disculpas públicas por asesinato de cuatro menores por militares

La Corte Constitucional de Ecuador emitió este martes una sentencia histórica al declarar que cuatro menores afrodescendientes detenidos por militares en 2024 fueron víctimas de desaparición forzada y ordenar al Estado ecuatoriano reconocer su responsabilidad y emitir disculpas públicas, entre otras medidas de reparación integral.

Los hechos que conmocionaron al país

En la noche del 8 de diciembre de 2024, dos patrullas militares detuvieron de manera irregular a Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11 años, en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil, cerca del barrio Las Malvinas donde residían. Posteriormente, los soldados trasladaron a los adolescentes hacia Taura, un pueblo ubicado aproximadamente a 40 kilómetros de Guayaquil, cercano a una base de la Fuerza Aérea.

En ese lugar, según determinaron las investigaciones, los militares golpearon y torturaron a los menores, los obligaron a desnudarse y finalmente los abandonaron. Varios días después, los restos calcinados de los cuatro adolescentes fueron encontrados en una zona de manglar cercana, y la autopsia posterior reveló impactos de bala en al menos tres de las víctimas.

Proceso judicial y condenas previas

El pasado 22 de diciembre, un tribunal penal declaró culpables a dieciséis de diecisiete militares procesados por estos hechos. Once de los soldados recibieron condenas de 34 años y ocho meses de prisión, mientras que otros cinco fueron sentenciados a treinta meses por colaborar con la investigación. Un teniente coronel imputado como cómplice fue absuelto de todos los cargos.

En diciembre de 2024, una jueza aceptó un hábeas corpus interpuesto por las familias de los menores y declaró su desaparición forzada, así como la vulneración de sus derechos fundamentales. Sin embargo, el Gobierno apeló esta decisión y un tribunal la revocó meses después, lo que llevó a los familiares a acudir finalmente a la Corte Constitucional.

Fundamentos de la sentencia constitucional

En la sentencia publicada este martes, los jueces constitucionales determinaron que las autoridades judiciales anteriores vulneraron el derecho al debido proceso al no analizar integralmente la detención denunciada ni responder adecuadamente a las pretensiones planteadas por los familiares, por lo que dejaron sin efecto el fallo que había revocado la declaración de desaparición forzada.

La Corte concluyó que los niños fueron privados de libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares, y que el Estado no proporcionó información inmediata, satisfactoria ni convincente sobre su aprehensión ni sobre su paradero durante el tiempo crítico de su desaparición.

El alto tribunal recordó que, incluso en contextos de seguridad o estados de excepción como los que rigen en algunas zonas de Ecuador desde 2024 -cuando el presidente Daniel Noboa declaró un 'conflicto armado interno' contra las bandas criminales-, "los derechos a la vida y a la integridad personal no pueden suspenderse" y las actuaciones de los agentes estatales deben desarrollarse con estricto respeto a la Constitución.

Medidas de reparación ordenadas

La Corte Constitucional ordenó al Estado ecuatoriano una serie de medidas de reparación integral:

  • El comandante de la Fuerza Aérea deberá emitir disculpas públicas en un plazo máximo de dos meses
  • El Ministerio de Educación deberá incorporar en el Museo de la Memoria un espacio específico para visibilizar este caso
  • Se declarará el 8 de diciembre como día en memoria de los menores víctimas
  • Se realizarán reformas a protocolos internos y leyes para prevenir hechos similares
  • El Ministerio de Defensa deberá indemnizar a los padres de cada uno de los menores

Esta sentencia marca un precedente significativo en la protección de derechos humanos en Ecuador, especialmente en contextos de conflicto armado interno, y establece la responsabilidad del Estado en casos de violaciones graves a derechos fundamentales cometidas por sus agentes.