Expertos internacionales presentan evidencia de violaciones sistemáticas en El Salvador
El régimen de excepción implementado en El Salvador desde marzo de 2022 bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele ha sido objeto de graves denuncias por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos. Un informe presentado este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala revela que las acciones realizadas en este contexto "podrían constituir crímenes de lesa humanidad" según los estándares internacionales.
Documentación de violaciones sistemáticas
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos (GIPES) elaboró un detallado documento que establece "bases razonables para creer que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional". La investigación señala específicamente la existencia de una política de actuación policial y militar conocida y promovida por los más altos mandos del gobierno salvadoreño.
Leonor Arteaga, representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), destacó durante la audiencia pública que "detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones masivas al debido proceso y actos de tortura se han convertido en prácticas sistemáticas en el país". Según su testimonio, muchos salvadoreños "han dejado de tener a las pandillas para empezar a temer al propio Estado".
Cifras alarmantes y patrones documentados
El informe presenta estadísticas preocupantes que evidencian la magnitud de la crisis humanitaria. Hasta agosto de 2025 se han documentado 403 muertes bajo custodia estatal, incluyendo cuatro niños, mientras que hasta febrero del mismo año se registraron 540 casos de desaparición forzada. La experta Susana SáCouto señaló que "los hechos documentados apuntan a la comisión de crímenes internacionales contra la población civil", enumerando entre ellos:
- Encarcelamiento en violación de normas fundamentales del derecho internacional
- Detención de niñas, niños y adolescentes
- Tortura sistemática
- Asesinatos bajo custodia estatal
- Violencia sexual institucionalizada
- Persecución política y otros actos inhumanos
Recomendaciones internacionales y respaldo institucional
Frente a esta situación, el GIPES recomendó formalmente la creación de una misión internacional de determinación de hechos por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El objetivo principal sería "asegurar la rendición de cuentas y justicia" para las víctimas y sus familias, estableciendo mecanismos de verificación independiente.
El informe cuenta con el respaldo de importantes organizaciones internacionales, incluyendo la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), InterJust, el Proyecto de Investigación IMPACTUM y el Programa para el Estudio de los Derechos Humanos en Contexto de la Universidad Ghent de Bélgica. Esta coalición de entidades especializadas refuerza la credibilidad y urgencia de las denuncias presentadas.
Contexto político y respaldo legislativo
El régimen de excepción fue implementado con el respaldo del Congreso salvadoreño, dominado por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI). Mientras el gobierno de Bukele ha presentado esta medida como exitosa en la reducción de la criminalidad, las organizaciones de derechos humanos insisten en que los métodos empleados violan principios fundamentales del derecho internacional humanitario.
La presentación del informe ante la CIDH marca un punto crucial en la presión internacional sobre el gobierno salvadoreño, coincidiendo con crecientes preocupaciones sobre el deterioro del estado de derecho y las garantías democráticas en el país centroamericano.
