Defensoría del Pueblo establece agenda inaplazable para candidatos presidenciales en derechos humanos
A tan solo siete semanas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, la Defensoría del Pueblo ha emitido un documento contundente dirigido a los catorce aspirantes a la Casa de Nariño, entre quienes se encuentran figuras como Paloma Valencia, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López. La entidad advierte que existen decisiones fundamentales en materia de derechos humanos que no pueden seguir siendo postergadas por más tiempo.
"Se trata de unas mínimas e ineludibles exigencias relacionadas con asuntos que no admiten aplazamiento sin comprometer gravemente la protección efectiva de los derechos humanos", afirma categóricamente la Defensoría en su informe. Este documento constituye una hoja de ruta diseñada para influir directamente en el debate electoral y establecer las prioridades del próximo gobierno, en un contexto nacional marcado por la persistencia de la violencia, profundas brechas sociales y una debilidad institucional extendida en numerosas regiones del país.
Cuatro ejes fundamentales que demandan atención inmediata
La Defensoría ha identificado cuatro grandes frentes que deben marcar la agenda del próximo mandatario:
- Desigualdad, racismo y acoso: El primer punto aborda el núcleo histórico del problema colombiano. "La desigualdad persiste como uno de los principales obstáculos para el goce efectivo de los derechos humanos en Colombia y para la construcción de una paz estable y duradera", señala el documento. Pese a algunos avances recientes, las brechas continúan afectando de forma desproporcionada a comunidades rurales, pueblos étnicos, mujeres, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.
- Paz y seguridad: El segundo eje se centra en la persistencia del conflicto armado y la criminalidad organizada, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz de 2016. El informe advierte que las dinámicas de violencia siguen activas y, en muchos casos, se han reconfigurado en estructuras "de carácter creciente, transnacional y altamente organizado". La Defensoría hace un llamado urgente pues algunos candidatos han manifestado posiciones que se apartan del Acuerdo de Paz, que requiere del Estado para su implementación completa.
- Ambiente y territorio: El tercer pedido establece la relación intrínseca entre derechos humanos y medio ambiente. "La situación ambiental del país es un factor determinante para la garantía de los derechos humanos y de la naturaleza", afirma el documento. La deforestación, la expansión de economías ilegales y el cambio climático afectan directamente el acceso al agua, la salud, la seguridad alimentaria y la vida en los territorios.
- Reforma rural y derechos campesinos: El último frente aborda las brechas históricas en el acceso a la tierra y el desarrollo rural, que se traducen en desigualdad, conflictividad y ausencia estatal en amplias zonas del país. La Defensoría insiste en que la implementación de la Reforma Rural Integral sigue siendo una deuda central del Estado colombiano con el campo.
Cifras alarmantes que exigen acción inmediata
El documento presenta datos contundentes que ilustran la gravedad de la situación humanitaria en Colombia. En 2025 se consolidó un cuadro humanitario crítico con 257 casos de reclutamiento y 78 masacres que dejaron 276 víctimas mortales. El desplazamiento forzado masivo alcanzó a 107.924 personas, con una situación especialmente grave en regiones como el Catatumbo. Además, se registraron 99 eventos de confinamiento que afectaron a 128.825 personas en 343 comunidades, con incidencia crítica en departamentos como Chocó, Arauca, Antioquia, Nariño y Caquetá.
La violencia contra liderazgos sociales tampoco cede: la Defensoría reporta 177 homicidios en el mismo periodo, un indicador que refuerza la persistencia de riesgos estructurales para quienes defienden derechos en los territorios. Estos números reflejan vidas truncadas, comunidades desarraigadas y futuros comprometidos que demandan respuestas concretas del próximo gobierno.
Llamado a una intervención estructural y no solo paliativa
La Defensoría propone una intervención estatal que trascienda los indicadores económicos y garantice derechos sociales fundamentales, enfrente la discriminación de manera efectiva y fortalezca la protección a lo largo del curso de vida de todos los colombianos. En el ámbito de la salud, exige una reforma integral al sistema orientada a garantizar su sostenibilidad, equidad y transparencia, con reglas claras de financiación y protección social para el talento humano en salud.
En educación, pide garantías de transporte escolar y programas para asegurar la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo, como medida preventiva contra el reclutamiento forzado por parte de grupos armados. En el plano laboral, el documento denuncia que persisten obstáculos para el ejercicio de la libertad sindical debido a amenazas y hostigamientos, sumados a "altos niveles de informalidad, tercerización y uso extensivo de figuras contractuales precarias".
"Superar el falso debate entre paz y seguridad constituye una condición indispensable para la protección efectiva de los derechos humanos", concluye la Defensoría, instando a los candidatos presidenciales a articular políticas integrales que combinen seguridad, derechos humanos y protección ambiental en una visión unificada del Estado colombiano.
