Defensoría del Pueblo entrega hoja de ruta urgente a candidatos presidenciales
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo entrega este lunes de una hoja de ruta con carácter de urgencia a todas las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. El requerimiento institucional fue directo y contundente: las fórmulas presidenciales deben asumir compromisos inmediatos frente a la crisis de seguridad territorial que afecta al país.
La desigualdad como requisito no negociable
Durante la presentación oficial del documento, Marín Ortiz fue enfática al señalar que la desigualdad no es un factor opcional de campaña, sino que constituye un requisito fundamental y no negociable para garantizar la gobernabilidad y la legitimidad del Estado durante el próximo cuatrienio. "Los derechos humanos son vitales para un buen gobierno. Son una forma de incorporar a las poblaciones afectadas por la violencia, la desigualdad territorial y la degradación ambiental en la agenda pública y esto fortalece la legitimidad del Estado", declaró la Defensora.
El mapa del riesgo: 402 municipios bajo amenaza directa
El informe presentado por la Defensoría del Pueblo revela datos alarmantes sobre la situación de seguridad en el territorio nacional. Según el documento, 402 municipios distribuidos en 32 departamentos operan actualmente bajo Alertas Tempranas activas, lo que representa aproximadamente el 35% del territorio colombiano. Ante esta realidad crítica, la entidad exigió a las candidaturas presidenciales abandonar definitivamente los enfoques de seguridad fragmentados y ejecutar plenamente el Acuerdo Final de Paz.
"La paz no es solo la dejación de las armas. Es el derecho a la verdad, a la justicia y reparación de las víctimas y sobre todo las garantías de no repetición. En Colombia tenemos más de 10 millones de víctimas y para repararlas es indispensable garantizar la sostenibilidad financiera (...) reduciendo la brecha entre el universo de víctimas y las metas de reparación", puntualizó Marín Ortiz durante su intervención.
Los pilares fundamentales para el próximo mandato
Las directrices establecidas por la Defensoría del Pueblo también incluyen mandatos estrictos en áreas cruciales para el desarrollo del país:
- Salud: La entidad catalogó como inaplazable una reforma integral al sistema sanitario que resuelva la crisis de atención y fije responsabilidades claras a los actores privados del sector.
- Educación: Se alertó sobre la brecha académica que afecta a miles de estudiantes. "Cada programa de gobierno y cada campaña tendrá sus énfasis y prioridades de acuerdo a su visión de país. Pero lo que no debería pasar es que no se fortalezca la inversión pública en educación para eliminar estas brechas que están generando la deserción o falta de asistencia escolar", indicó la Defensora.
- Desarrollo rural y ambiental: Las candidaturas fueron notificadas sobre la necesidad urgente de acelerar el catastro multipropósito, detener la minería ilegal y crear un marco normativo que reconozca el desplazamiento forzado provocado por el cambio climático.
El reclamo presupuestal: sin defensa pública la justicia colapsa
El ultimátum dirigido a los candidatos presidenciales incluyó una fuerte advertencia sobre la crisis interna que atraviesa el Ministerio Público debido a los recientes recortes financieros. Esta situación debilita significativamente el alcance operativo en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
"El llamado es a respetar la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo. Contar con los recursos para las y los defensores públicos y todo el personal de la Defensoría. Cuando no hay defensa pública al día, el sistema de justicia también tiene un deterioro", reclamó la funcionaria con evidente preocupación.
Mecanismo de control ciudadano
El pliego de peticiones ya se encuentra en las sedes de campaña de todas las candidaturas presidenciales. A partir de este momento, operará como un mecanismo de control ciudadano que permitirá a los colombianos auditar en las urnas qué candidatos deciden ignorar estas obligaciones fundamentales y cuáles integran las directrices territoriales en sus programas de gobierno. La Defensoría del Pueblo espera que este documento sirva como guía para construir un país más seguro, justo y equitativo durante los próximos cuatro años.
