El destino compartido de la democracia y la justicia internacional
La arquitectura de la justicia internacional –compuesta por reglas, normas e instituciones diseñadas para exigir responsabilidades por crímenes graves– se construyó sobre la premisa de un mundo que avanzaba hacia un mayor respeto por la democracia y los derechos humanos. Desde los históricos juicios de Núremberg y Tokio tras la Segunda Guerra Mundial hasta la creación de la Corte Penal Internacional en 1998 mediante el Estatuto de Roma, la trayectoria general apuntaba hacia una mayor rendición de cuentas global.
El retroceso autoritario y sus efectos
Sin embargo, esta tendencia positiva ha sufrido un preocupante retroceso en años recientes. Líderes autoritarios que menosprecian los derechos humanos han llegado al poder en varias democracias, incluyendo Estados Unidos, donde la elección y reelección de Donald Trump han marcado un punto de inflexión especialmente alarmante. Durante su segundo gobierno, Estados Unidos –país cuyo liderazgo en el sistema de justicia internacional es fundamental aunque inconsistente– impuso sanciones contra el fiscal de la CPI, dos fiscales adjuntos y ocho de sus jueces.
Estados Unidos no es la única democracia bajo presión de fuerzas autoritarias que temen cualquier forma de rendición de cuentas. Según informes de prensa, incluso antes del actual conflicto en Gaza, el entonces director del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, supuestamente amenazó a la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, como parte de una campaña de presión de años para impedir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en Palestina.
Retiradas y resistencias
En 2019, Filipinas se retiró de la CPI tras la investigación de la corte sobre la represión antidrogas del entonces presidente Rodrigo Duterte. Más recientemente, en abril de 2025, Hungría, orgullosamente antiliberal, anunció su intención de hacer lo mismo, poco después de negarse a ejecutar una orden de arresto de la CPI. La retirada se oficializó en junio, marcando otro golpe al sistema de justicia internacional.
Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional, ha advertido que la justicia internacional enfrenta un "momento extraordinario", pues en todo el mundo el Estado de derecho está siendo "rutinariamente cuestionado y desafiado". La CPI, así como otras instituciones judiciales globales, ha enfrentado presiones significativas, medidas coercitivas e intentos de socavar su función.
Razones para la esperanza
A pesar de estos desafíos, existen expresiones de valentía y resistencia que mantienen viva la esperanza. Jueces en Senegal, India y Brasil han defendido la integridad de las elecciones democráticas, a menudo con gran riesgo personal. Tribunales estadounidenses han rechazado intentos ilegales de castigar a bufetes de abogados que representan a estudiantes universitarios por sus declaraciones.
A nivel global, la Corte Internacional de Justicia ha tomado la valiente iniciativa de esclarecer los graves crímenes cometidos en Myanmar, Siria y Gaza. Durante el último año, fallos de la CIJ, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado que los Estados tienen la obligación legal de abordar el cambio climático.
La lucha interconectada
Las luchas actuales por la justicia internacional y por la democracia, aunque no son idénticas, están profundamente relacionadas. En un clima de miedo generalizado generado por el creciente autoritarismo, cada decisión de firmar una carta, unirse a una protesta pacífica o presentar una denuncia contra medidas autoritarias representa un paso hacia la justicia.
Como observó Robert Jackson, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos y fiscal jefe estadounidense en Núremberg, los juicios por crímenes internacionales son "parte del gran esfuerzo por consolidar la paz". El Estatuto de Roma reconoce de igual manera que "los crímenes graves amenazan la paz, la seguridad y el bienestar del mundo".
La pregunta crucial ahora es si el proyecto de exigir responsabilidades a los altos responsables sobrevivirá a las actuales presiones autoritarias. Mientras la CPI enfrenta sanciones de Estados Unidos y condenas de Rusia contra sus funcionarios, la comunidad internacional debe decidir si mantendrá su compromiso con un sistema de justicia que trasciende fronteras nacionales.
